Óscar Fernández, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, ha reiterado las condiciones que su partido impondría para apoyar un eventual gobierno liderado por la candidata del PP, María Guardiola. Según Fernández, solicitarán «las mismas» exigencias que plantearon anteriormente durante las negociaciones de los presupuestos regionales.
Desde su perspectiva, en caso de iniciar un proceso de negociación, Vox presentará los mismos términos que propuso para la no negociación de los presupuestos de 2026. Estas demandas reflejan las posiciones mantenidas durante dos años y medio en la Asamblea, además de las propuestas presentadas en negociaciones similares en comunidades como Murcia, Baleares y Valencia.
En una entrevista reciente en La Hora de la 1, Fernández remarcó que el objetivo es plantear las propuestas ya conocidas por Guardiola, resaltando la intención de mantener la misma línea de negociación y postura política.
Fernández también ha señalado que para Vox no es imprescindible ocupar un puesto en el gobierno. Lo esencial es asegurar la implementación de sus políticas y el respeto a sus reclamaciones, enfatizando que su prioridad es la influencia en la gestión pública.
Uno de los aspectos centrales en su intervención fue la crítica a la situación actual de Extremadura, a la que calificó como «la cenicienta de España», por ser una de las regiones con mayor desventaja socioeconómica. Por ello, afirmó que el objetivo de su partido es poner fin a lo que denominó «42 años de bipartidismo corrupto».
En materia ambiental, Fernández reafirmó el rechazo de Vox al Pacto Verde Europeo, y defendió la importancia de mantener en funcionamiento la central nuclear de Almaraz, considerada la principal industria de la región. Además, manifestó su compromiso con la protección de los servicios públicos y la gestión eficiente de los recursos para atender las necesidades reales de los extremeños.
Asimismo, se comprometió a eliminar gastos innecesarios y a poner fin a lo que definió como un «entramado clientelar» instaurado por el PSOE durante 36 años y continuado posteriormente por el PP, criticando abiertamente a ambos partidos que han gobernado en la comunidad.
Fernández expresó también su oposición a la inmigración ilegal masiva, argumentando que esta situación ha afectado negativamente a los servicios sanitarios y sociales en Extremadura. A la vez, manifestó su interés en que las infraestructuras que benefician a la región no se desvíen hacia otras zonas de España, priorizando siempre las necesidades locales.