Comenzó el 24 de octubre y finalizó el 13 de diciembre aunque se ha celebrado aproximadamente en tres sesiones por semana en la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, estando al frente del tribunal el magistrado Fernando Tesón.
53 acusados, rebajas de pena para algunos por colaborar con la Justicia y retirada de cargos por parte del Ministerio Público para otros. Entre los que se les retira la acusación se encuentra Jesús María González Barceló, que fue gerente y diputado del PP, además de asesor. Es el único expolítico que por ahora ha quedado ‘limpio’. No tendrían penas de prisión ni Mohamed Ali ni Rabea Mohamed aunque sí de inhabilitación. Y sobre quienes pesa la sombra de la prisión y que tuvieron responsabilidades como gerentes de EMVICESA son el presunto cabecilla de la trama, Antonio López, que se encontraba muy confiando al principio del juicio de que todo saldría bien; y Susana Román, que ha pasado a ser una de las grandes perjudicadas pese a que la petición de pena para ella se ha visto rebajada.
En el caso de Antonio López el fiscal pide 13 años de prisión y en el de Román 4 años y 9 meses. Muchos de los acusados por cohecho no irán a prisión y otros puede que sí con penas de más de tres años.
A los trabajadores de la empresa municipal, a los cinco, se les pide inhabilitación y suspensión de empleo temporalmente. El fiscal sigue pensando que eran cooperadores necesarios para llevar a cabo las irregularidades que terminaron una mañana en una lista fantasma publicada en El Pueblo que para el Ministerio Público y constan además declaraciones de Isaac Medina, empleado acusado, la filtró el mismo Antonio López.
En este juicio, el careo entre el principal intermediario de López, el policía portuario y López que no quiso intervenir porque según el fiscal no tenía ninguna respuesta lógica que dar, ha sido un dato importante. Según el fiscal, lo que contó Antonio López sobre su patrimonio y demás es más ficticio que otra cosa y las conversaciones telefónicas y los mensajes han sido elementos claves para elaborar su informe, aparte de las declaraciones de todos aquellos que dieron dinero por una vivienda de protección oficial y perdieron el dinero porque luego no figuraban en la promoción de las 317.
En la última sesión, el letrado Javier Izquierdo ha pedido la absolución para Susana Román y Rabea Mohamed
La ordenanza a aplicar era la de 2006 y la declaración de Susana Román no convenció al fiscal, quien sí ha dado valor a lo dicho por las jurídicos de la empresa. Para el Ministerio Público la comisión técnica de evaluación es una invención de las defensas y quien adjudicaba era la Comisión Local de la Vivienda. Igual en el caso de Mohamed Ali, por su abogada, por no tener capacidad decisoria.
José María Calero, abogado de Antonio López, ha señalado que el caso no tenía «base» para tanto ruido y espera que se haga justicia con su mandante. Calero siempre ha mantenido que la instrucción estuvo mal hecha.
La sentencia saldrá probablemente a partir de febrero, fallo que podrán recurrir los acusados.
