La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó por unanimidad la derogación de la adhesión del país al Estatuto de Roma, convenio que establece la Corte Penal Internacional (CPI). Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, informó que la medida busca «denunciar al mundo la inutilidad y sumisión» de este tribunal.
Esta decisión se produjo en paralelo al anuncio de la CPI sobre el cierre de su oficina técnica en Caracas, debido a la ausencia de un «progreso tangible» en el principio de «complementariedad», que exige a los estados realizar investigaciones previas sobre los crímenes imputados antes de la intervención del tribunal internacional.
Rodríguez lanzó severas críticas contra la CPI, calificándola como un órgano que, en lugar de cumplir con su misión de proteger a los pueblos, funciona como instrumento del «imperialismo estadounidense». Durante el debate, resaltó que la ley también expresa solidaridad con el sufrimiento de la población palestina.
Tras la aprobación, el Parlamento enviará la ley al presidente Nicolás Maduro, responsable de promulgarla. La norma entrará en vigor al publicarse en la Gaceta Nacional, la publicación oficial del gobierno venezolano.
En el debate, Rodríguez afirmó que la CPI mantiene un «vasallaje» absoluto, refiriéndose a la conducta de sus jueces, a quienes acusó de incumplir con la administración de justicia y la protección de los derechos humanos. Esta posición crítica no es reciente, dado que la CPI ha sido cuestionada por su limitada actuación en conflictos internacionales, como el de Israel y Palestina.
Aunque en 2024 la CPI ordenó detenciones contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra en Gaza, Rodríguez criticó la falta de acciones adecuadas frente a lo que calificó de «genocidio» en esa región. En América Latina, la Corte Internacional genera desconfianza en diversos sectores.
El cierre de la oficina en Caracas fue anunciado por la Fiscalía de la CPI, que aseguró que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela «sigue activa» desde La Haya, donde trabajan los fiscales. Tanto esta medida como la derogación del Estatuto de Roma intensifican las tensiones entre Venezuela y la Corte Penal Internacional.
La CPI inició una investigación en 2018 tras denuncias de varios países y organizaciones no gubernamentales. Desde entonces, el gobierno de Maduro ha intentado obstaculizar el avance del caso, alegando que su sistema judicial realiza las investigaciones pertinentes. Sin embargo, en 2023 la Corte rechazó esta afirmación y reactivó las pesquisas por crímenes de lesa humanidad que han generado preocupación internacional.
