El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la nulidad de la Instrucción 1/2021, emitida por el Secretario de Gobierno de los juzgados de Ceuta, Jesús Esteban Pavón. Esta decisión se basa en que la instrucción imponía la cumplimentación sistemática de plantillas de datos a los letrados de la Administración de Justicia, lo que excedía las competencias del cargo.
La resolución, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, da por estimado el recurso presentado por el letrado Andrés Díaz López y anula la instrucción desde su origen. El TSJA señala que la obligación de aportar determinados datos de forma periódica se adoptó al margen del procedimiento legal vigente, vulnerando los límites competenciales establecidos.
El tribunal reconoce que la recopilación de información puede tener fines legítimos, pero enfatiza que debe realizarse mediante los canales oficiales y con los criterios establecidos por los órganos correspondientes. Por ello, declara la nulidad absoluta de la instrucción, indicando que carece de validez jurídica desde su promulgación.
Esta anulación se produce en un momento clave para la organización judicial en España, que está implementando un nuevo modelo conforme a la Ley Orgánica 1/2025. Dicha ley reemplaza los juzgados unipersonales por tribunales de instancia y redefine la estructura de la Oficina Judicial. En este contexto, la Secretaría de Gobierno juega un papel esencial en la elaboración de protocolos que afectarán directamente la prestación del servicio público de justicia.
Varios letrados de Ceuta han expresado su inquietud respecto a la forma en que se está gestionando esta transición, solicitando una mayor participación y diálogo en el proceso. Subrayan que el modelo de Nueva Oficina Judicial está en funcionamiento en la ciudad desde 2013 y consideran que la introducción del nuevo servicio común podría haberse realizado de manera más sencilla y colaborativa.
De cara al próximo nombramiento del Secretario de Gobierno en Ceuta, los letrados insisten en la importancia de designar a una persona con sólidos conocimientos técnicos, sensibilidad y autoridad para liderar de manera eficaz la reforma, garantizando así un servicio público de justicia más eficiente y transparente.