La Guardia Civil, junto a una comisión judicial y un médico forense, ha llevado a cabo la ejecución de una orden judicial que implicó el traslado de cinco monjas de edad avanzada —con edades comprendidas entre los 87 y los 101 años— que se encontraban en el Monasterio de Santa Clara de Orduña, en la provincia de Vizcaya, luego de haber estado previamente en el convento de Belorado (Burgos).
Esta actuación, dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, se realizó tras surgir dudas sobre las condiciones higiénico-sanitarias y la asistencia brindada a estas religiosas dependientes. Las cinco mujeres fueron evacuadas en ambulancias y trasladadas al Hospital de Basurto en Bilbao para someterse a un reconocimiento médico que evaluará su estado de salud antes de asignarlas a otros monasterios pertenecientes a la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu.
Desde la Oficina del Comisario Pontificio, encargada de la coordinación en la gestión de los monasterios afectados, se ha destacado la importancia de velar por el cuidado de estas hermanas mayores de acuerdo con sus necesidades personales, sanitarias y espirituales.
No obstante, la medida ha generado tensiones. Representantes de las exmonjas vinculadas al cisma han manifestado su desacuerdo debido a que no se permitió que las ancianas fueran acompañadas durante el traslado. Asimismo, algunos familiares han expresado su descontento por las restricciones para visitarlas.
Este asunto forma parte de un largo conflicto entre la Iglesia y un grupo de religiosas relacionadas con el cisma de Belorado, que ha conducido a procesos judiciales y la intervención de autoridades eclesiásticas y civiles para asegurar la protección de las monjas que no participaron en dicha ruptura.