El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, asignó 2,2 millones de euros provenientes de fondos europeos a compañías relacionadas con la supuesta red de corrupción investigada por la Guardia Civil. Según reporta El Confidencial, las firmas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), vinculadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, recibieron contratos públicos durante la legislatura actual.
Una adjudicación destacada tuvo lugar el 14 de enero, cuando la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, concedió a una unión temporal de empresas integrada por Grulop 21 y OPR un contrato superior a dos millones de euros para la construcción de una pasarela peatonal en la GR-30 (Granada), en el marco del Plan de Recuperación financiado con fondos Next Generation. Aunque la oferta técnica presentada por la empresa competidora Vilor Infraestructuras era mejor, la propuesta económica de la UTE fue decisiva para la adjudicación.
Lo controversial es que, en ese momento, ya existía en el Tribunal Supremo documentación proporcionada por el comisionista Víctor de Aldama que vinculaba a OPR con el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos. A pesar de ello, el ministro Puente restó importancia a esta información, calificándola como “un papeluco”. Posteriormente, la Unidad Central Operativa (UCO) corroboró gran parte de estas acusaciones en su investigación.
Otro contrato cuestionado fue la ampliación, por casi 290.000 euros, de un contrato previamente adjudicado a Levantina Ingeniería y Construcción —en asociación con Diez y Compañía— para la mitigación del ruido en la autovía A-42 a su paso por Getafe. La modificación, aprobada el 19 de diciembre de 2024, aumentó el presupuesto total a casi dos millones de euros, financiados también con fondos europeos.
Las conexiones entre estas empresas y los principales investigados son numerosas. OPR, gestionada por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, mantenía vínculos directos con Koldo García desde, al menos, 2018. Comunicaciones interceptadas revelan que Daniel Fernández solicitó a Koldo su mediación para conseguir contratos y facilitó la incorporación de la esposa de este último en una empresa sin que tuviera que asistir al lugar de trabajo.
Una tercera obra bajo sospecha, valorada en 7,3 millones de euros y adjudicada en Asturias, causó satisfacción entre los involucrados. En un chat interno, la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, comentó: “Parece que hemos tenido éxito en Asturias”. Actualmente, Arce trabaja en la empresa pública SEITT.
Por su parte, Levantina Ingeniería y Construcción aparece de forma reiterada en los informes de la UCO y en la documentación entregada por Aldama al Tribunal Supremo. Su propietario, José Ruz, mantenía contacto directo con Ábalos y Koldo, a quien supuestamente abonaba 1.100 euros mensuales. Según las investigaciones, la empresa obtuvo contratos por 128 millones de euros durante el mandato de Ábalos, incluyendo uno relacionado con el Club de Natación de Sevilla, por el cual Aldama habría recibido comisión. Además, LIC figura entre las adjudicatarias del Gobierno canario presidido por Ángel Víctor Torres.
La investigación sigue abierta y podría ampliarse dentro de la administración central, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) centra ahora su atención en la etapa de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes.
