- Nota de prensa.
- El sindicato se muestra satisfecho ante la información sobre el informe técnico
que respalda la idoneidad de la gestión directa e insta al Gobierno a cumplir su
acuerdo con los trabajadores.
Solidaridad valora positivamente lo que se ha conocido sobre el informe de los
técnicos de la comisión que estudia el futuro del servicio de limpieza abogando por
la municipalización del mismo, ya que supondría un ahorro para la Ciudad
Autónoma de entre 0,5 y 2,4 millones al año. Los representantes del sindicato en
Trace -actual adjudicataria de la limpieza viaria y recogida de basuras- insisten en
que la vía para garantizar la viabilidad del servicio, así como los derechos de los
trabajadores, debe ser la gestión directa por parte de la administración pública.
El sindicato recuerda que ha reivindicado desde su desembarco en Trace la
necesidad de la municipalización de la limpieza. Y lamenta que haya otras
centrales sindicales que se opongan a este cambio. “La gestión directa va a
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, lo que pedimos es que se
mantenga el acuerdo alcanzado con el Gobierno y no se ponga en riesgo ningún
puesto de trabajo”, alega Juan Montoya, representantes de Solidaridad en el
Comité de Empresa de Trace.
Por otro lado, Montoya muestra su respaldo a que la fórmula para la gestión directa
sea a través de constitución de una nueva sociedad pública, como recomiendan
los estudios realizados por los técnicos. “Lo que pedimos es que no se quite ni una
coma del convenio y se cumpla lo acordado en la reunión que mantuvimos los
miembros del Comité de Empresa con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y
con el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez”, manifiesta el delegado de
Solidaridad para añadir: “El Gobierno no debe permitir que ningún tercero interfiera
en el cumplimiento de este acuerdo.
Por último, el sindicato confía en que, tras el informe de los técnicos, se ponga en
marcha a la mayor prontitud el proceso para municipalizar el servicio de limpieza
durante el próximo año. “Velaremos por que los trabajadores no pierdan ninguno
de los derechos adquiridos, lo que para nosotros es una línea roja en este
proceso”, concluye Montoya.
