La Audiencia Nacional ha decidido conceder una indemnización de 25.200 euros a un agricultor almeriense que estuvo 224 días en prisión provisional tras ser acusado de varios delitos relacionados con violencia de género, cargos por los que fue absuelto posteriormente. El tribunal ratifica el perjuicio moral y económico sufrido como consecuencia de la medida cautelar dictada en junio de 2021 por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Berja.
Este hombre, que pasó más de siete meses en prisión preventiva, fue finalmente absuelto por el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Almería, que ordenó su puesta en libertad inmediata. Tras dicha sentencia, su defensa, liderada por el abogado Francisco Ferre, presentó un recurso por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que ha sido estimado parcialmente por la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La sentencia establece una indemnización de 15.000 euros por la privación de libertad, incluyendo 4.800 euros que corresponden específicamente al daño moral ocasionado. La resolución destaca los impactos personales y familiares que el afectado sufrió durante su encarcelamiento.
La defensa calificó el ingreso en prisión como una situación «evitable e injusta», argumentando que se solicitaron en varias ocasiones medidas alternativas a la prisión provisional que no fueron atendidas. También reclamaban una cuantía mayor de 33.600 euros, aunque esta cantidad no fue aceptada por la Sala.
Además de la indemnización por daño moral, la Audiencia reconoció un lucro cesante de 10.200 euros más intereses, correspondiente a los ingresos que el agricultor dejó de percibir por no poder trabajar durante el periodo de prisión. Este cálculo se basó en su declaración de la renta del año 2021. Inicialmente, la defensa había solicitado 55.600 euros, al considerar que la prisión le impidió participar en la campaña agrícola de melón y sandía.
Sin embargo, el tribunal rechazó otros conceptos reclamados, que sumaban cerca de 97.000 euros, tales como gastos jurídicos y desplazamientos de familiares para visitas en prisión, al no ser considerados indemnizables en este procedimiento o por falta de pruebas suficientes.
Según declaró su abogado a Canal Sur, la denuncia que motivó la prisión preventiva podría haber sido usada para encubrir otra situación diferente. Además, señaló que en la provincia la prisión provisional es una medida cautelar que se aplica con cierta frecuencia en casos de violencia de género o tráfico de drogas.
Datos del Consejo General del Poder Judicial indican que más del 15% de la población penitenciaria en España está en prisión provisional, una medida excepcional que implica la privación de libertad de personas aún no juzgadas.
