El conflicto en el Sáhara Occidental refleja no solo tensiones entre países vecinos, sino también afecta directamente a territorios españoles como Ceuta y Melilla. Han pasado cincuenta años desde la Marcha Verde y el Acuerdo de Madrid de 1975, que finalizaron la administración española y marcaron el inicio de la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental, sin que el pueblo saharaui haya renunciado a su derecho a la autodeterminación. La ONU sigue considerando esta región como un territorio pendiente de descolonización, según las resoluciones 34/37 y 35/19.
El desierto del Sáhara cuenta con abundantes recursos minerales estratégicos. En Bucraa se encuentra una de las reservas de fosfato más grandes del mundo, vital para la agricultura a nivel global, y la región posee cuencas sedimentarias con potencial de hidrocarburos. Marruecos controla más del 70 % de estas reservas, y su dominio en el Sáhara Occidental incrementa esta posición ventajosa. Además, la situación costera del territorio facilita el comercio con Europa y África, así como el acceso a valiosos caladeros influenciados por la corriente fría de Canarias.
El proyecto político conocido como ‘Gran Marruecos’, que combina elementos de nacionalismo, panarabismo e irredentismo, contempla la recuperación de territorios históricos que afectan directamente a España. En esta visión expansionista se incluyen Ceuta y Melilla, junto a extensas regiones del norte de África. Esto resalta la importancia estratégica de Ceuta como enclave europeo en África, esencial para la vigilancia de rutas comerciales y marítimas en el Mediterráneo occidental y el Atlántico.
Por otro lado, el Frente Polisario ha declarado que no ha recibido ninguna “invitación oficial” para discutir el plan de autonomía que propone Marruecos, lo que evidencia la persistencia del conflicto y la incertidumbre acerca del futuro del Sáhara Occidental y los enclaves españoles en la zona.