Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, figura en los registros internos de Quirónprevención con un nombre alternativo: Alberto Burnet González. Así lo expone una investigación de eldiario.es, que señala que dicho empresario consta como “Director de Proyectos, Servicios Centrales”, vinculado a la sede del grupo sanitario en la calle Agustín de Betancourt, Madrid.
Esta información contrasta con lo que había afirmado González Amador, quien mantenía que su vínculo con Quirón era sólo el de un proveedor externo que facturaba servicios, y no el de un miembro de la estructura interna. A pesar de usar un alias, también disponía de un correo corporativo del grupo.
Desde Quirón aclaran que el uso de nombres alternativos y cuentas corporativas no es inusual, y señalan que más de 1.500 colaboradores externos emplean correos electrónicos del grupo. Explican que la modificación del nombre de González Amador responde a un ajuste realizado hace dos años debido a la “gran cantidad de correos recibidos tras hacerse pública su relación” con Ayuso, iniciada en 2021.
Según detalla eldiario.es, desde 2021 hasta 2024 la Comunidad de Madrid ha pagado a Quirón casi 5.000 millones de euros, cifra que duplica el presupuesto original previsto por la Consejería de Sanidad para ese periodo.
Procesamiento por fraude fiscal y facturación falsa
En noviembre pasado, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento de González Amador por delitos relacionados con fraude fiscal y falsedad documental, rechazando los recursos presentados por su defensa. Los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando Hacienda determinó que había defraudado un total de 350.910 euros mediante 15 facturas falsas.
La filtración de la denuncia desencadenó un fuerte conflicto político, con Ayuso calificando la pesquisa como una “persecución” contra su persona.
El caso también tuvo repercusiones institucionales: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo por haber divulgado a la prensa correos electrónicos del abogado de González Amador, en un intento de desmentir una noticia falsa difundida desde Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Durante el procedimiento judicial, González Amador aseguró haber experimentado una «indefensión sin precedentes», llegando a definirse como “el defraudador confeso más destacado del país” y manifestando que sólo le quedaban dos opciones: “quitarse la vida o abandonar España”.
El Tribunal Supremo consideró que tales afirmaciones eran exageradas y calificó de “excesivamente ambicioso” responsabilizar al fiscal general por la exposición mediática del asunto, aunque reconoció su calidad de parte acusadora.
