El expresidente catalán Carles Puigdemont ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de la orden de detención que sigue vigente en España, apoyándose en las recientes conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuestionan la legitimidad y proporcionalidad de su detención.
La defensa de Puigdemont presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para lograr la suspensión de la orden nacional de arresto, tras la difusión del informe del abogado general del TJUE, que plantea dudas significativas sobre la adecuación de la medida en el marco jurídico actual.
Según el equipo legal del expresidente catalán, mantener activa dicha orden implicaría un perjuicio excesivo e innecesario para sus derechos fundamentales. Este dictamen europeo aporta un respaldo a la defensa que ha denunciado una persecución política derivada de los acontecimientos relacionados con el proceso independentista catalán de 2017.
El entorno de Puigdemont interpreta estas conclusiones como un impulso importante para su estrategia judicial a nivel europeo y un posible punto de inflexión en su procedimiento. Sin embargo, es preciso señalar que el informe del abogado general no es vinculante, aunque suele influir considerablemente en la sentencia final del TJUE.
Este caso continúa siendo uno de los temas más delicados en la política tanto española como europea. La situación jurídica del expresidente incide directamente en el debate sobre la ley de amnistía, que actualmente se discute en el Parlamento español y que podría impactar no sólo en su situación, sino también en la de otros dirigentes y activistas relacionados con el referéndum independentista.
