Haxx, anteriormente conocida como Hafesa, permanece operativa y conserva su título de operador, a pesar de haber recibido una multa de 154 millones de euros por un fraude de IVA. Su propietario, Alejandro Hamlyn, continúa fugado, y las autoridades permiten que la empresa siga funcionando hasta que la sentencia sea definitiva.
El sector petrolero ha manifestado su sorpresa ante la situación de Haxx, compañía que mantiene su presencia en el mercado de hidrocarburos y su acreditación como operador (Redef), a pesar de la condena dictada por la Audiencia Nacional por un fraude fiscal de gran magnitud.
La sanción aplicada a la empresa supera los 150 millones de euros, correspondiente a un fraude relacionado con el IVA de hidrocarburos cometido entre los años 2016 y 2019, cuyo importe se estableció en 154 millones.
Esta situación genera inquietud debido a que el dueño de Haxx, Alejandro Hamlyn, se encuentra actualmente evadido de la justicia, residiendo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Respaldo institucional del Gobierno y Hacienda Foral
Desde el sector señalan que en meses recientes varias compañías han perdido el título Redef, necesario para la comercialización de combustibles, a instancias de la Agencia Tributaria, muchas de ellas sin contar con sentencias firmes.
- Ministerio para la Transición Ecológica: Este organismo, responsable de inhabilitar empresas, sostiene que no puede actuar mientras la empresa cumpla los requisitos «técnicos y financieros».
- Agencia Tributaria: Indica que decidirá sobre la retirada del Redef una vez que la condena dictada por la Audiencia Nacional sea definitiva.
Además, la situación se ve agravada por los beneficios fiscales que el grupo obtuvo del PNV, gestionados a través de la Diputación de Vizcaya. El Grupo Hafesa consiguió un aplazamiento de 225 millones de euros en el pago del IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos desde 2019, periodo en que la operadora y su propietario ya enfrentaban acusaciones por fraude fiscal.
La posición de Haxx
La empresa sancionada defiende su continuidad operativa con los siguientes argumentos:
«La condena no es definitiva aún, pues estamos en desacuerdo y presentaremos un recurso. Además, el negocio debe mantenerse para poder afrontar cualquier responsabilidad civil, por lógica.»
Haxx afirma haber implementado un sistema de cumplimiento normativo (compliance) y señala que «los ejercicios desde 2019 hasta 2025 están en orden», confiando en que la apelación resulte favorable.
No obstante, expertos legales pronostican que una vez que la sentencia sea ejecutada y la multa debida, «la empresa presentará un patrimonio neto negativo y el Ministerio para la Transición Ecológica se verá obligado a retirar su autorización».
