La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este viernes que las instituciones públicas brindarán completa colaboración a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, que acudió a Correos y a los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para requerir documentos. Antes de participar en un acto en Sevilla, Montero restó importancia a estas acciones, aclarando que «no se trata de registros, sino de solicitudes de expedientes o información» vinculadas a la investigación que involucra a la exmiembro del PSOE Leire Díez, el exdirector de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso.
Compromiso y secreto judicial
Al ser consultada por periodistas sobre las intervenciones de la UCO realizadas este viernes en varios organismos, Montero explicó que forman parte de la investigación en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos, que esta semana llevó a la detención de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso.
La vicepresidenta indicó que toda la información permanece bajo secreto de sumario, por lo que solo tiene acceso a los datos publicados en los medios. Reconoció que «a veces la información que recibo es exactamente la que difunden los periodistas». Justificó esta reserva señalando que el tribunal considera necesario actuar con «sigilo y la discreción que permitan a los cuerpos y fuerzas de seguridad cumplir con su labor».
Diferenciación entre registro y solicitud
Montero puntualizó el carácter de las gestiones realizadas por la UCO en los ministerios y en Correos.
La ministra manifestó: «Habrá total colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que puedan acudir a cualquier entidad o institución donde consideren pertinente solicitar información que aporte a la investigación». En este sentido, precisó que las actuaciones en curso «no son registros sino requerimientos de expedientes o información», cuyo contenido desconoce.
Consideró «muy positivo» que tanto la UCO como la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) y otros órganos de investigación accedan a cualquier organismo o expediente que permita avanzar en el «aclaramiento de los hechos». Finalizó asegurando: «Existe plena colaboración de todos los organismos del Estado para facilitar que se esclarezca lo ocurrido y que quienes hayan participado rindan cuentas ante la justicia, que es lo que corresponde».