Frente a la considerable escasez de médicos en Melilla y Ceuta, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha optado por externalizar ciertos servicios sanitarios mediante contratos menores con compañías privadas, entre las que se encuentra Vithas, luego de que finalizaran los convenios con Quirón y la Fundación Jiménez Díaz.
Esta decisión, que busca asegurar la atención en áreas como neurofisiología, logopedia, medicina nuclear y el Teleictus, ha suscitado debate debido a la crítica habitual de García hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusa de «privatización de la sanidad pública».
El doctor Jesús Romero Imbroda, neurólogo, señala que en zonas donde es difícil contar con servicios totalmente cubiertos, la externalización es una solución legal y adecuada para garantizar el acceso a la atención sanitaria. También recuerda que gobiernos socialistas, como el andaluz, han aplicado este modelo durante muchos años.
Desde 2020, Ingesa, que depende del Ministerio de Sanidad, ha invertido 31 millones de euros en Ceuta y 19 millones en Melilla para externalizar pruebas como ecografías, mamografías, TAC, colonoscopias y densitometrías, alcanzando cerca del 40% de servicios privatizados en estas ciudades autónomas.
Tras el cierre del Hospital Comarcal de Melilla el 16 de diciembre y el traslado de pacientes al Hospital Universitario, este centro ha contratado servicios externos por un valor de 1,5 millones de euros entre enero de 2023 y abril de 2024.
Romero Imbroda subraya que no se debe rechazar la colaboración público-privada y califica de «hipocresía» criticar estas medidas cuando se aplican en otros ámbitos. Además, destaca los problemas derivados de depender de Ingesa en Madrid, distante de la realidad local, y propone que la gestión sanitaria en Melilla cuente con un responsable local cercano a la población.
Por su parte, Miguel Marín, vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, ha expresado su preocupación porque la ciudad aún no es un destino preferente para médicos, debido al escaso compromiso y recursos del Gobierno central, pese a haber sido declarada zona de difícil cobertura.