El Ejecutivo afrontó una situación delicada tras el registro efectuado en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. Esta medida se llevó a cabo un día después de la detención de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y cercano políticamente a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aunque Montero se distanció públicamente de Fernández, la relación política y la dependencia de la SEPI de su departamento generan preocupación en Moncloa.
La UCO intensificó este jueves las pesquisas relacionadas con la causa contra Leire Díez, conocida como la “fontanera” del PSOE, por supuestos delitos en la adjudicación de contratos públicos. Los agentes dieron un paso relevante al registrar las instalaciones de empresas vinculadas a la SEPI, como Sepides, Enusa y Mercasa, que operan bajo el control del Ministerio de Hacienda. Esta actuación acerca aún más a la vicepresidenta Montero al centro de la investigación.
El registro tuvo lugar solo un día después de la detención de Vicente Fernández Guerrero, quien durante 15 meses lideró la SEPI tras la llegada del PSOE al Gobierno en 2018 y era considerado un «ahijado político» de Montero. A pesar de ello, la ministra intentó desvincularse en el Congreso, asegurando no haber tenido contacto con él desde que abandonó el cargo y que desde hace más de seis años no forma parte de su entorno laboral habitual. Fuentes próximas explicaron que Montero conoció por medios la vinculación de Fernández con Servinabar, empresa ligada a Santos Cerdán y que está siendo investigada por irregularidades en comisiones, ignorando cómo desembarcó en dicha firma.
En el entorno de Moncloa se percibe cierto nerviosismo. La causa permanece bajo secreto de sumario y no está confirmado si la detención de Fernández está relacionada con posibles irregularidades cometidas durante su mandato en la SEPI. De ser así, la situación podría complicar la posición de Montero, quien lo designó para ese puesto. Pese a que se apunta que su breve etapa al frente del organismo reduce la probabilidad de implicaciones ilegales, el impacto político es evidente. Esta circunstancia se suma a una etapa profesional ya debilitada de Montero, marcada por las concesiones a Junts de cara a las elecciones andaluzas y las controversias recientes vinculadas al caso Francisco Salazar. Representantes del Gobierno reconocen que ante la acumulación de escándalos resulta difícil no sospechar coincidencias. Aun así, desde la administración se mantiene la intención de cumplir la legislatura hasta 2027, centrando esfuerzos en la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para principios del próximo año.