En torno a 600 menores migrantes han sido desplazados desde las Islas Canarias, en un proceso que varias voces describen como marcado por el desarraigo y la incertidumbre. Esta situación ha generado inquietud entre quienes defienden los derechos infantiles y diversas organizaciones sociales, que critican que los jóvenes sean gestionados sin atender sus necesidades emocionales y sociales.
A raíz de la reciente orden emitida por el Tribunal Supremo para que el Gobierno garantice un asilo inmediato, se intensifican las tensiones, ya que algunos menores manifiestan su negativa a ser reubicados. Muchos habían comenzado a adaptarse a la vida en Canarias, lo que dificulta el proceso.
Especialistas alertan sobre los riesgos psicológicos y sociales que implica el traslado masivo, y enfatizan la importancia de considerar el bienestar integral de los menores más allá de lo administrativo.
Por su parte, las autoridades argumentan que los traslados son imprescindibles para asegurar una atención adecuada y distribuir los recursos de forma equilibrada en el país, aunque reconocen los desafíos que implica gestionar una operación que afecta directamente a cientos de jóvenes.
