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Madrid y Baleares encabezan la respuesta del PP ante la distribución de menores migrantes


La tensión entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas del PP se intensifica tras la asignación de niños y adolescentes migrantes provenientes de Canarias. Mientras Moncloa sostiene la necesidad de respetar la ley, estableciendo la distribución de plazas según la población y el nivel de renta de cada región, dirigentes populares como Isabel Díaz Ayuso y Marga Prohens rechazan dicho criterio por carencia de recursos y competencias.

En Baleares, la presidenta Marga Prohens ha expresado formalmente su rechazo a recibir a los 49 menores destinados desde Canarias, solicitando la activación del protocolo de contingencia migratoria en el archipiélago balear, similar al que se aplica en las islas atlánticas. Según el Govern, ya se atiende a 680 jóvenes no acompañados, cifra que presiona la capacidad de acogida en un territorio con limitaciones de espacio y personal especializado. Sin embargo, el delegado del Gobierno ha descartado esta solicitud, argumentando que para activarlo Baleares debería sobrepasar los 1.200 menores.

Paralelamente, Madrid ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contra el decreto que establece los criterios de reparto, señalando que este vulnera principios de solidaridad y lealtad institucional. Ayuso también denuncia que Moncloa no garantiza la financiación necesaria para la manutención y educación de los menores asignados —647 en Madrid—, y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de privilegiar a comunidades como Cataluña y Euskadi.

Esta confrontación podría derivar en disputas judiciales y administrativas. Desde el Gobierno, los ministros Ángel Víctor Torres y Félix Bolaños advirtieron que, si alguna comunidad autónoma se niega a respetar la normativa, se recurrirá incluso a las fuerzas de seguridad para asegurar su cumplimiento.

A pesar del tono confrontativo, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, afirmó que los gobiernos autonómicos populares “siempre cumplirán la ley”, aunque calificó como “injusto” que territorios como Madrid, Andalucía o Comunidad Valenciana asuman la mayor parte de la distribución.

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