La Fiscalía no está realizando las inspecciones previstas en los centros que alojan a menores migrantes en Canarias, a pesar de las denuncias relacionadas con posibles malos tratos en algunos de estos espacios.
En la actualidad, existen 81 recursos habilitados en las islas para atender a niños y adolescentes que llegan en cayuco. Conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio Fiscal, estas instalaciones deberían ser revisadas trimestralmente y sin aviso previo para asegurar la protección de los menores y detectar posibles irregularidades.
No obstante, las inspecciones no se están llevando a cabo con la frecuencia ni meticulosidad requeridas. Esta situación genera inquietud entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, ya que la ausencia de controles eficaces podría incrementar la vulnerabilidad de los jóvenes dentro de un sistema ya saturado por la presión migratoria.
