Los lazos familiares, políticos y profesionales del magistrado Peinado y la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid generan interrogantes sobre la imparcialidad del caso
El juez Juan Carlos Peinado imputó este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su exasesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. La acusación surge de la sospecha de que Álvarez, empleada del Ejecutivo, canalizó recursos estatales hacia actividades académicas vinculadas a Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Esta decisión, con gran impacto político y social, se fundamenta en un auto previo de la Audiencia Provincial de Madrid que autorizó la investigación y sugirió que la Presidencia podría haber funcionado como una “estructura institucionalizada de poder” con objetivos irregulares. No obstante, el foco ha girado hacia las conexiones personales y políticas de los jueces implicados, muchos con nexos estrechos con el Partido Popular.
La Sección 23, una sala con vínculos familiares al PP
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de revisar las decisiones de Peinado, está en el centro de aten-ción. Entre sus miembros destaca el magistrado Jesús Gómez-Angulo Rodríguez, cuyo hermano, Juan Antonio Gómez-Angulo, ocupó cargos destacados en los gobiernos de José María Aznar, fue concejal en Madrid y presidente del Consejo Superior de Deportes. Amigo cercano de Aznar y Ana Botella, incluso desempeñó la primera tenencia de alcaldía durante la gestión de la exalcaldesa.
La siguiente generación mantiene la cercanía con el PP. Paula Gómez-Angulo, hija de Juan Antonio y sobrina del magistrado, es concejala municipal en Madrid y participó en la organización del congreso en el que Alberto Núñez Feijóo fue designado líder nacional del partido.
La Sección 23 está completada por María del Rosario Esteban Meilán y Enrique Jesús Bergés de Ramón, señalados como jueces próximos al sector conservador de la judicatura. En octubre pasado, este tribunal planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía vinculada al procés, acción interpretada como un enfrentamiento con el Ejecutivo.
Además, la presidenta de la sala, Esteban Meilán, está casada con el magistrado Eduardo Jiménez-Clavería, conocido por fallos conservadores en materia de violencia de género.
El juez Peinado y su entorno
El propio juez instructor, Juan Carlos Peinado, también mantiene vínculos con el Partido Popular. Inició su carrera profesional como abogado en Ávila junto a Ángel Acebes, ministro del Interior con Aznar, y Sebastián González Vázquez, exdiputado, exsenador y tesorero nacional del PP en tiempos de Pablo Casado, con quien además tiene relación familiar.
Su círculo más próximo refleja esa misma orientación política: su hija, Patricia Peinado, es concejala del PP en Pozuelo de Alarcón, un bastión popular en la Comunidad de Madrid. En el ámbito profesional, Peinado ha estado asociado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considerada con una postura conservadora, y fue incluido en 2024 entre los candidatos propuestos por el PP para el Consejo General del Poder Judicial.
Controversia política: ¿independencia judicial o uso político de la justicia?
Estos vínculos familiares y políticos han generado dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial. Desde el entorno gubernamental, se denuncia un patrón de “lawfare”, entendido como la utilización de la justicia como instrumento político para perjudicar adversarios.
Por otro lado, la oposición sostiene que las pesquisas deben continuar y que “la ley es igual para todos”, defendiendo que la imputación de la esposa del presidente responde a criterios legales estrictos.
