La violencia de género en España presenta una situación preocupante, especialmente en relación con los menores. El caso ocurrido en Córdoba en 2011, donde fueron asesinados Ruth y José, de seis y dos años respectivamente, por su padre, marcó profundamente la conciencia colectiva e hizo evidente la necesidad de abordar esta cuestión de forma integral y efectiva.
José Bretón, responsable del crimen, permaneció casi dos años a la espera del juicio y durante ese período intentó mantener contacto con su exmujer. Según Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, este proceder forma parte de un patrón de manipulación que busca dañar a la madre mediante el sufrimiento de los hijos.
La violencia de género no solo afecta a las mujeres, sino que también impacta directamente en los niños, quienes son utilizados por los agresores como instrumentos para causar daño. Desde 2013, en España se han documentado casos específicos de violencia hacia menores en el marco de esta problemática, con 65 niños asesinados y más de 480 huérfanos tras el asesinato de sus madres.
De los 65 menores asesinados, 38 sufrieron violencia vicaria, una violencia intencionada en la que los agresores intentan perjudicar a la madre a través de los hijos. La identificación y denominación de esta forma de violencia es fundamental para visibilizar una realidad que antes quedaba diluida en datos globales. Según el Ministerio de Igualdad, más de la mitad de estos niños tenían menos de siete años.
La violencia de género se manifiesta de múltiples formas y afecta a los menores de diversas maneras. En el 86% de los casos de homicidio de menores, los agresores eran los padres biológicos o adoptivos. Muchas de estas situaciones ocurrieron en contextos con denuncias previas, lo que pone en cuestión la eficacia de las medidas de protección hacia las víctimas y sus hijos.
La etapa posterior a la separación de las parejas también se reconoce como un momento de alto riesgo, tanto para la madre como para los niños. Los agresores intensifican sus conductas de control y manipulación en estos periodos, generando situaciones peligrosas para los menores. De hecho, más de 1,7 millones de niños viven en hogares donde el padre maltrata a la madre, según una macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019.
A pesar de estos datos, la protección hacia los niños sigue siendo insuficiente. En 2024, 1.758 menores contaban con medidas de protección activas, pero la atención se centra principalmente en la madre, sin realizar una evaluación adecuada del riesgo para los menores, dejándolos desprotegidos y vulnerables como víctimas silenciosas de la violencia de género.
El sistema de protección actual suele asumir erróneamente que si la madre está protegida, los hijos también lo están. Esta falta de atención a las necesidades específicas de los menores y la sobrecarga del sistema judicial provocan demoras en las evaluaciones, que en ocasiones pueden durar hasta año y medio, un tiempo excesivo ante situaciones de riesgo tan graves.
En definitiva, es necesario replantear las políticas de protección para garantizar que ningún niño quede sin protección en contextos de violencia de género. Es fundamental realizar evaluaciones individuales adecuadas y adoptar un enfoque integral que reconozca la necesidad de protección y apoyo emocional de cada menor, con el fin de minimizar los efectos negativos a largo plazo derivados de vivir en ambientes de violencia.
