Bruselas. 8 de diciembre de 2025.
Los ministros del Interior de la Unión Europea han aprobado este lunes un nuevo reglamento que endurece la política comunitaria de retorno y permite, por primera vez, crear centros de deportación de migrantes en países terceros. La medida, inspirada en el denominado modelo Meloni de externalización migratoria, ha contado con el rechazo prácticamente en solitario del Gobierno español.
Tras ocho meses de negociaciones, la mayoría de los Estados miembros ha respaldado un paquete legislativo cuyo objetivo es agilizar y aumentar la tasa de repatriaciones de migrantes en situación irregular, que actualmente ronda el 20%. España, sin embargo, ha vuelto a desmarcarse por considerar que el plan contradice los principios humanitarios y las garantías jurídicas que defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Centros de deportación fuera de la UE
La principal innovación del reglamento es la posibilidad de que los Estados miembros devuelvan a migrantes con orden de expulsión a un país tercero diferente del de origen, siempre que exista un acuerdo bilateral o comunitario que lo permita. Esta opción abre la puerta a establecer centros de retorno en territorios extracomunitarios, siguiendo la fórmula ensayada por Italia en su convenio con Albania.
Se trata de un mecanismo de “geometría variable”: los países que lo deseen podrán aplicarlo, mientras que el resto no estará obligado a participar.
España votó en contra de esta iniciativa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó antes de la reunión que el Gobierno mantiene “una postura seria y razonada en defensa de los valores fundamentales de la UE, en particular los derechos humanos”. Advirtió también de que el modelo podría generar tensiones diplomáticas con socios clave en la prevención de flujos migratorios.
Discrepancias profundas
El Ejecutivo español ha manifestado “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre el sistema de retorno externo. Además, critica que el texto no establezca el reconocimiento automático de las órdenes de expulsión entre los Estados miembros, lo que mantiene la fragmentación actual.
Otro de los puntos rechazados por España es la ampliación del periodo máximo de detención de migrantes. La normativa permitirá mantenerlos privados de libertad hasta dos años, prorrogables en periodos adicionales de seis meses, algo que el Gobierno considera equivalente a una “detención indefinida”.
El nuevo marco endurece además las obligaciones de cooperación de los migrantes durante el proceso de expulsión. Si se niegan a colaborar, se fugan o incumplen los plazos de salida voluntaria, los Estados estarán obligados a proceder con la deportación forzosa.
“Estamos experimentando una alta presión migratoria y miles de personas siguen falleciendo en el Mediterráneo”, defendió el ministro danés Rasmus Stoklund, presidente de turno del Consejo. “El sistema actual genera incentivos perversos y un efecto llamada que debemos corregir”.
Nuevas listas de países seguros
Los Veintisiete aprobaron también —con España absteniéndose solo en algunos puntos— el reglamento que define la lista común de países de origen considerados seguros. Incluye a todos los candidatos a la adhesión a la UE, además de Marruecos, Túnez, Colombia, Bangladesh, India, Egipto y Kosovo. Las solicitudes de asilo de ciudadanos de estos países se tramitarán por vía acelerada y, salvo excepciones, tendrán pocas posibilidades de prosperar.
Asimismo, se dio luz verde al reglamento sobre países terceros seguros, que permitirá trasladar solicitudes de asilo a Estados extracomunitarios con los que se firmen acuerdos específicos.
Reparto de solidaridad en 2026
Los ministros alcanzaron además un acuerdo político sobre la reserva de solidaridad prevista para 2026. La UE se compromete a redistribuir 21.000 demandantes de asilo o, alternativamente, aportar 420 millones de euros en contribuciones financieras. España, considerada país bajo elevada presión migratoria, no deberá aportar recursos y podrá beneficiarse de los mecanismos de apoyo, aunque Marlaska consideró la oferta insuficiente y optó por abstenerse.
La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, defendió en Bruselas la “visión humanista” del Ejecutivo. “España demuestra que es posible combinar eficacia en la gestión migratoria con el respeto a los derechos humanos”, afirmó.
Los tres reglamentos aprobados deberán ahora ser negociados con el Parlamento Europeo, aunque se espera que los cambios sean mínimos.
