Un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica a Santos Cerdán como el vínculo entre el Gobierno y Acciona en presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública. Según el documento, el exdirigente del PSOE solicitó puestos a José Luis Ábalos «por petición del PNV» para asegurar proyectos millonarios, apenas seis días después de que la moción de censura condujera a Pedro Sánchez a La Moncloa en junio de 2018.
El reporte explica que el PNV habría reclamado cargos clave en la administración para respaldar la constitución del nuevo Ejecutivo, incluyendo la propuesta de mantener en sus puestos a quienes facilitaron la primera adjudicación supuestamente irregular entre Acciona y Servinabar. La investigación indica que esta coordinación se habría extendido más allá de ese periodo, repitiéndose al inicio del mandato de Óscar Puente como ministro de Transportes, cuando Cerdán habría intentado posicionar a personas relacionadas con Acciona dentro de dicho ministerio.
La relación entre Cerdán y Koldo García, implicado en la supuesta red de obras públicas, se remonta al proyecto Mina Murga de 2015, destinado a construir una mina de potasa en Navarra. La UCO describe esta obra como el primer contrato conjunto entre Acciona y Servinabar, marcando el origen de la presunta trama de cobro de comisiones que más adelante se habría extendido a Madrid.
Aunque el proyecto comenzó antes de que Ábalos asumiera el ministerio, la resolución administrativa favorable se obtuvo durante su gestión en Transportes, lo que según los investigadores resalta la influencia ejercida por Cerdán. Documentos internos del PSOE contienen comunicaciones directas de Cerdán a sus colaboradores, que mencionan el envío de información a Koldo García, con Ábalos como destinatario final, según el informe.
El caso ha provocado la imputación de tres ejecutivos relacionados con Acciona por su posible implicación en estas adjudicaciones presuntamente irregulares, y la investigación continúa abierta en los tribunales.
