La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está indagando un contrato valorado en 2,8 millones de euros otorgado por la SEPI (vía el PEPA) en el que la red Hirurok, liderada por la exmilitante socialista Leire Díez, supuestamente recibió una comisión de 400.000 euros. Los agentes consideran que el grupo pudo aprovechar su influencia para manipular la licitación destinada a la demolición de baterías de coque en Avilés (Asturias), a pesar de irregularidades en la propuesta seleccionada.
La red Hirurok y las comisiones millonarias
Compuesto por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán), el colectivo Hirurok (que significa «los tres juntos» en euskera) está bajo sospecha por supuestamente emplear su influencia en representantes públicos de la SEPI para adjudicarse al menos cinco licitaciones y operaciones entre 2021 y 2023. Estas operaciones habrían generado comisiones de hasta 750.000 euros, repartidas entre sus integrantes.
Entre los procedimientos investigados por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, destaca el contrato para demoler las baterías de coque en Avilés, que habría generado a Hirurok la mayor comisión, de 400.000 euros, mediante la constructora Erri Berri y Afesa Medio Ambiente, las cuales conformaban una UTE.
El polémico proceso de licitación
El proceso de adjudicación, impulsado por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) de la SEPI, suscitó controversia desde el comienzo. En primera instancia, la UTE Erri Berri-Afesa ofertó 6,55 millones de euros, pero fue superada por la alianza vasco-asturiana Lezama-Los Álamos. Erri Berri impugnó esta decisión y el Tribunal de Contrataciones falló a su favor, identificando irregularidades en la mesa encargada.
Esto derivó en la apertura de un nuevo concurso en agosto de 2021.
La oferta con precio «anormalmente bajo»
En la nueva convocatoria, la UTE Erri Berri-Afesa modificó su propuesta, disminuyendo el importe a 2,85 millones de euros, un 56 % menos con respecto a la oferta inicial.
- Detección de precio temerario: La mesa de contratación consideró que la oferta era «anormalmente baja» y que podría constituir un precio temerario.
- Informe de justificación «confidencial»: Se solicitó a la empresa un documento que explicase esta reducción, el cual se clasificó como «confidencial».
- Adjudicación: Tras evaluar el informe, la mesa determinó que la oferta estaba justificada, lo que incrementó su puntuación y permitió que la UTE se adjudicase el contrato.
La UTE Lezama-Los Álamos impugnó la decisión sin éxito. Una vez resultó ganadora, la coalición Erri Berri-Afesa habría abonado 400.000 euros en comisiones a la red Hirurok.
La relación con Hacienda
Los investigadores de la UCO destacan el papel de Fernando Albert Aragón, presidente de la mesa de contratación durante la licitación. Albert Aragón mantiene vínculos con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que coincidieron en la Junta de Andalucía antes de su traslado a la SEPI.