La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa avanzando en la investigación sobre un presunto fraude fiscal en el sector de hidrocarburos, concentrando sus pesquisas en la estructura empresarial relacionada con los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. La última novedad involucra a Javier Sequi, identificado por los agentes como uno de los once presuntos testaferros que habrían facilitado la ocultación de operaciones y dificultado el rastreo de fondos.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón Pedraz ha determinado llamar a declarar a Sequi, quien ha solicitado hacerlo de forma voluntaria tras la aparición de nuevos indicios. Según los documentos de la UCO, este colaborador está vinculado a una mercantil que transfirió varios millones de euros a una empresa localizada en Portugal y gestionada directamente por Víctor de Aldama.
Sequi fue arrestado en Tarragona el 10 de octubre de 2024 junto a otros integrantes de la supuesta organización, pero en ese momento decidió no declarar. Actualmente, la UCO considera que su intervención fue esencial para coordinar maniobras destinadas a encubrir movimientos societarios relacionados con el presunto fraude fiscal en el comercio de hidrocarburos, esquema que, según los investigadores, buscaba evadir impuestos mediante una compleja red de empresas interpuestas.
Los informes sitúan a Aldama y Rivas en la cúspide de la estructura investigada, como responsables de la estrategia fiscal presuntamente ilícita y del uso de intermediarios para legitimar las operaciones. El empresario Víctor de Aldama —también conocido por su papel como comisionista en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia— compareció este lunes en el Tribunal Supremo para rendir declaración como investigado ante el juez Leopoldo Puente.
La causa sigue avanzando con nuevas declaraciones y seguimientos de movimientos financieros que, según fuentes jurídicas, podrían ampliar en las próximas semanas el número de personas imputadas.
