Leire Díez, exmilitante del PSOE conocida como «la fontanera», junto a sus colaboradores, intentaba emplear la empresa Servinabar —en la que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, posee un 45%— para crear un lobby que influyera en la Administración pública, según un informe elaborado por la UCO. La finalidad era acercarse a compañías que cotizan en bolsa y, supuestamente, rivalizar con firmas especializadas en asuntos públicos como Acento. Esta revelación se produce mientras Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y el socio de Cerdán, Antxon Alonso, permanecen arrestados y pendientes de pasar a disposición judicial este sábado.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigar presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal en la Audiencia Nacional, ha señalado a Servinabar como pieza clave en esta nueva trama vinculada al entorno del PSOE y al denominado «Caso Koldo».
Servinabar utilizada como plataforma de negocios
Según la hipótesis de la UCO, Servinabar no solo habría servido para que Santos Cerdán recibiera supuestas comisiones ilegales del 2% en contratos públicos sin realizar trabajos efectivos, sino que la red liderada por Leire Díez aspiraba a ampliar su influencia.
- Meta: Transformar esta pequeña compañía navarra, que tiene como socios a Antxon Alonso y a Cerdán (con un 45% de participación, según la UCO), en un organismo que ofreciera asesoramiento a empresas interesadas en hacer negocios con la Administración bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.
- Modelo de lobby: Fuentes consultadas indican que la intención era crear una estructura similar a un «Acento» alineado con Sánchez, en referencia a la conocida firma fundada por el exministro socialista José Blanco y el exdiputado del PP Alfonso Alonso. El plan incluía, presuntamente, desplazar a Acento, percibida como parte de una facción socialista opuesta a la dirección de Ferraz.
Conexiones clave y lugar de encuentro
La investigación de la UCO se centra en la red de contactos entre los detenidos. Vicente Fernández, exmandatario de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) contratado por Servinabar tras dejar el organismo, y que percibió más de 200.000 euros en tres años, es una figura destacada.
- Piso clave: Un inmueble situado en la calle Diego de León, en Madrid, registrado por la Guardia Civil, fue identificado como un centro de negocios donde se planificaban estrategias. Este piso estaba alquilado por Fernández y se usaba para celebrar reuniones discretas.
- Supervisión de Cerdán: A las reuniones asistían habitualmente Leire Díez y Vicente Fernández, con Santos Cerdán supervisando presencialmente o, en su ausencia, contactando vía teléfono móvil. Para mayor discreción, los participantes accedían a través del aparcamiento.
Una de las líneas de actuación del grupo consistía en contactar con destacadas empresas del IBEX 35 para ofrecer servicios de intermediación.
Función política: Investigar las «cloacas del Estado»
Aparte de las actividades empresariales, el informe policial señala otro rol asignado a Leire Díez: «investigar» las supuestas cloacas del Estado.
- Con el argumento de preparar un libro de investigación periodística, Díez mantuvo encuentros con empresarios, fiscales y jueces para recopilar información sensible sobre personas relevantes en causas que afectan al Gobierno y al PSOE, como el teniente coronel Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.
- Díez colaboró con Javier Pérez Dolset, empresario investigado que se considera afectado por el excomisario José Manuel Villarejo. Juntos intentaron desestabilizar procesos judiciales. Dolset, quien lidera una agrupación de presuntos perjudicados por Villarejo, entre ellos el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, acudió al piso de reuniones en Madrid.
En la actualidad, Díez y Dolset están siendo investigados en un juzgado de Madrid por cohecho y tráfico de influencias debido a maniobras contra la UCO y la Fiscalía. Los detenidos Díez, Fernández y Alonso serán puestos a disposición del juez Ismael Moreno la mañana del sábado.
