La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha manifestado críticas hacia las políticas implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda y los incrementos del salario mínimo. La entidad ha señalado posibles efectos adversos en el mercado laboral y ha evidenciado la insuficiencia de medidas efectivas para solucionar la crisis de acceso a la vivienda en España.
Un informe de la OCDE destaca las dificultades que enfrentan las políticas económicas del Ejecutivo en relación con la problemática habitacional en España y las repercusiones de las recientes alzas en el salario mínimo. El documento indica que el mercado inmobiliario español aún no logra responder adecuadamente a la creciente demanda, incrementando la pobreza relacionada con la vivienda, especialmente en áreas urbanas y turísticas.
Aunque la propiedad de viviendas continúa siendo predominante en España, con aproximadamente un 75%, el alquiler se ha convertido en la opción principal para muchos, en particular entre los jóvenes y residentes extranjeros. La OCDE resalta que, pese a las promesas gubernamentales de fomentar el alquiler social, este representa solo el 3% del parque residencial, cifra inferior a la media europea y de la OCDE, lo que contribuye a que España presente una de las tasas más elevadas de riesgo de pobreza vinculada a la vivienda en la eurozona.
Además, la organización apunta a un déficit estimado en alrededor de 600.000 viviendas entre 2022 y 2025, provocado por la inmigración y el incremento en la formación de hogares en zonas urbanas y turísticas. Esta situación se agrava por la incapacidad de aumentar la oferta habitacional de manera adecuada, lo que ha generado un alza significativa en los precios del alquiler, dificultando el acceso para hogares con menores ingresos.
En cuanto al salario mínimo, la OCDE advierte sobre el ritmo acelerado de las subidas, destacando que desde 2018 ha aumentado un 60,9% en términos nominales y un 30,2% en términos reales, previéndose que alcance los 1.184 euros al mes en 2025. Aunque reconoce que estas elevaciones han protegido el poder adquisitivo de los trabajadores con ingresos bajos, señala que incrementos por encima de la inflación y productividad podrían perjudicar la tasa de empleo.
Por último, la OCDE cuestiona la efectividad de las medidas gubernamentales para controlar los precios de la vivienda, planteando que estas podrían no ser suficientes para frenar su aumento. De igual forma, subraya la dificultad de aplicar impuestos sobre viviendas vacías para incentivar su alquiler o venta, advirtiendo que tales impuestos podrían tener un impacto limitado.
