Bruselas/Madrid – La justicia europea ha iniciado una investigación importante sobre un supuesto caso de corrupción vinculado a contratos para la compra de material militar destinados a la OTAN. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) está coordinando las pesquisas, que han motivado operativos policiales en países como España, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Italia y Estados Unidos.
Según informa la Fiscalía belga, las pesquisas se centran en posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas de defensa para la adquisición de municiones y drones. En el eje del escándalo se encontraría la presunta divulgación de información confidencial por parte de empleados de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), ubicada en Luxemburgo, a contratistas interesados en obtener estos contratos.
Esta investigación, que inició en abril, llevó a Eurojust a formar un grupo de trabajo conjunto el pasado 13 de mayo, con el fin de facilitar las medidas judiciales en los países afectados. Hasta el momento, se han detectado varios sospechosos; en Bélgica, la policía arrestó a dos personas, de las cuales solo una continúa detenida tras la decisión judicial.
«Nuestra intención es llegar al fondo del asunto. La OTAN no tolera ningún incumplimiento de los principios legales», afirmó Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, durante la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN en Antalya, Turquía. Rutte detalló que fue la propia organización la que alertó sobre las anomalías detectadas.
La investigación se enfoca en la NSPA, agencia clave que gestiona la logística fundamental para la Alianza, incluyendo compras de armamento, suministro de combustible, servicios portuarios y aeroportuarios y alimentación para el personal militar. La relevancia del caso aumenta en el actual contexto de aumento histórico del gasto en defensa por parte de los países miembros de la OTAN.
Según Eurojust, tanto funcionarios actuales como exfuncionarios de la organización están implicados en la trama. La causa judicial abarca delitos relacionados con organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales. Los investigadores apuntan que los fondos ilegales fueron canalizados a través de firmas de auditoría utilizadas para disimular el origen del dinero.
Este caso representa un duro revés para la credibilidad del sistema logístico de la OTAN, justo en un momento crítico para la seguridad europea e internacional.
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