La magistrada a cargo de la investigación sobre la gestión de la DANA ha requerido al despacho Pérez-Llorca la factura telefónica correspondiente al número con el que su equipo mantuvo una comunicación con Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, durante el período de fuertes lluvias e inundaciones.
Esta solicitud está enmarcada dentro de las diligencias que buscan esclarecer posibles deficiencias en la coordinación institucional durante la crisis climatológica.
El propósito principal de la jueza es establecer si existió una comunicación especial o coordinada entre el despacho legal y el representante político mientras los servicios de emergencia desplegaban sus labores en la zona afectada. Según fuentes judiciales, dicha conversación podría clarificar la participación del bufete en las decisiones tomadas o en la gestión informativa de la emergencia.
Por el momento, desde Pérez-Llorca no han emitido declaraciones oficiales, pero el requerimiento implica que deben aportar una copia de la factura y los registros relacionados con el número empleado en esa llamada. Para la jueza, estos documentos son importantes para determinar el momento, la frecuencia y duración del contacto, aspectos relevantes para la investigación.
Esta petición se suma a otras diligencias previas que incluyen solicitudes de documentos internos, informes técnicos y alertas emitidas antes del temporal. El objetivo es reconstruir de forma detallada cualquier posible error, demora o negligencia en la gestión de cauces y barrancos en la región. El análisis pormenorizado de estas comunicaciones podría aportar información sobre el papel desempeñado por diferentes agentes, como autoridades políticas, servicios de emergencia y los equipos técnicos del despacho.
Esta actuación judicial demuestra la profundidad de la instrucción, que no se limita únicamente al estudio técnico del fenómeno meteorológico sino que también abarca las decisiones políticas y las comunicaciones que pudieron influir durante la crisis. Para la magistrada, la factura telefónica es un elemento clave más allá de un dato administrativo, pues puede ayudar a esclarecer si existió una vía de contacto activa entre el bufete y el presidente de la Diputación fuera de los cauces oficiales.
