Por Capitán Alatriste
Lo que inicialmente nació como una herramienta legítima para garantizar derechos laborales, frenar abusos empresariales y equilibrar la relación entre capital y fuerza de trabajo, parece haber evolucionado —según numerosos testimonios y procesos judiciales recientes— hacia roles que exceden, e incluso distorsionan, la función para la que fueron creados. Esta situación ha abierto un debate complejo e incómodo en nuestra sociedad.
Uno de los señalamientos más frecuentes apunta a la presunta influencia sindical en contrataciones públicas, tanto en administraciones locales como en algunos organismos estratégicos, como el puerto. Existen casos documentados en los que las plazas convocadas han recaído de forma reiterada en familiares, allegados o personas vinculadas a representantes sindicales o políticos. En algunos procesos, incluso han participado como miembros del tribunal, generando la percepción pública —cada vez más extendida— de que el acceso al empleo público no siempre responde a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Otro aspecto controvertido es la presencia de representantes sindicales en tribunales de selección, en ocasiones sin la formación técnica requerida para evaluar competencias específicas. Esto plantea serios interrogantes sobre imparcialidad, transparencia y posibles conflictos de interés, dado que quienes deberían velar por la limpieza del proceso pueden convertirse, directa o indirectamente, en parte interesada.
A ello se suma la inquietud respecto a la posible intervención sindical en la elaboración, modificación o revisión de los exámenes de acceso en determinados procesos selectivos. Aunque se trata de procedimientos que, en teoría, deben ser objetivos y reglados, se han reportado situaciones en las que representantes sindicales habrían influido en los contenidos, criterios de evaluación y/o correcciones.
No se trata de cuestionar la existencia del movimiento sindical, pieza clave en la conquista de los derechos sociales y laborales. El verdadero problema surge cuando estas organizaciones acumulan poder sin controles externos claros, generando espacios donde los cometidos se entremezclan, confundiendo gravemente la defensa colectiva con los intereses corporativos.
Cada vez existe una mayor demanda social para que los sindicatos se modernicen y reformen: más transparencia, auditorías periódicas, regulación estricta de incompatibilidades, limitación de su presencia en procesos de selección y una separación clara entre la negociación colectiva y la gestión administrativa.
Porque, después de todo, la pregunta esencial permanece abierta: ¿Quién controla a quienes dicen representarnos? Mientras este interrogante no tenga una respuesta sólida y verificable, la sombra de un sindicalismo convertido en un poder opaco seguirá alimentando la sospecha, la desconfianza y la creciente exigencia ciudadana de rendición de cuentas.
En un espacio público pequeño y con vínculos intensos entre instituciones, sindicatos y élites locales, la frontera entre representación legítima y utilización del poder administrativo para favorecer intereses particulares puede volverse muy difusa. Los últimos años han dejado en la ciudad episodios que, en su conjunto, apuntan menos a una falla accidental y más a una dejación de funciones por parte de gestores públicos que han permitido —o no han querido evitar— prácticas que erosionan la confianza ciudadana en la gestión de lo público.
En administraciones sobredimensionadas para una ciudad pequeña como Ceuta, la proximidad social y familiar aumenta el riesgo de que nombramientos y adjudicaciones circulen por canales de confianza personal más que por criterios públicos medibles, sin que se impulsen investigaciones administrativas ágiles. Se opta por el silencio o se remiten a la vía judicial, tardíamente, los casos, consolidando en la ciudadanía una percepción de impunidad y configurando un escenario propicio para que los intereses particulares campen a sus anchas cuando gestores como “Mr. Pinocho” no solo no actúan, sino que favorecen y en ocasiones forman parte del “tinglado”.
Atentamente,
Capitán Alatriste
