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martes, febrero 27, 2024
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Fiscalía pide penas de 13 años de cárcel para Antonio López y multa de 6 millones por blanqueo, y de 4 años y 9 meses para Susana Román

Escrito de conclusiones: para los expolíticos Mohamed Ali y Rabea Mohamed Fiscalía pide inhabilitación. 11 personas acusadas han visto como el Ministerio Público le ha retirado la acusación.

El fiscal ha solicitado cárcel para Antonio López (13 años) por delitos de prevaricación, otro continuado de cohecho y de blanqueo de capitales y a Susana Román (4 años y nueve meses) por delito de prevaricación, falsedad en documento público oficial y de forma alternativa de un delito continuado de falsedad imprudente, delito de falsedad en documento público, delito continuado de cohecho y otro de prevaricación continuada, delito continuado de falsedad de documento público oficial y de forma alternativa un delito continuado de falsedad imprudente. A Román se añade que su participación de forma subsidiaria en el delito continuado de falsedad imprudente sería en concepto de autora.

El juicio por el caso EMVICESA ha dado como novedad estos cambios en las calificaciones iniciales en este escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal, tras escuchar a todos los acusados, testigos y demás intervinientes en el caso.

Para Mohamed Mohamed Ali y Rabea Mohamed se les considera responsables de un delito principal de prevaricación y de un delito de falsedad imprudente. 8 años de inhabilitación especial. También se les considera de forma alternativa autores de forma subsidiaria en el delito de falsedad imprudente. Al policía portuario se le hace responsable de un delito de cohecho continuado, un año de prisión. Los demás, la calificación es de delito de cohecho y se les pide 3 años y 6 meses de prisión, y multa.

A los trabajadores de EMVICESA, Isaac Medina, Salvador Vera, Manuel García Pérez, Juan Manuel Zaragosí y Teresa Sánchez Alechaga, se les considera cooperadores necesarios en el delito continuado de falsedad imprudente. Piden inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de multa.

Ahora, al cambiar la calificación fiscal los letrados de la defensa prepararán alegaciones y la práctica de otras pruebas.

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