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24 de octubre: macrojuicio de EMVICESA con 54 investigados y una petición de 26 años de cárcel para Antonio López, «presunto cabecilla» de la red

Todo comenzó con una lista fantasma hace más de 7 años que dio privilegios a muchos al concederse 170 Viviendas de Protección Oficial (VPO), todas en Loma Colmenar. Vivas aseguró no saber nada, pero otros políticos se vieron envueltos en la trama «criminal» donde serán juzgadas 54 personas. El caso EMVICESA se ha convertido en el juicio con más investigados, con cargos que fueron públicos y suponemos que será el más largo de la historia hasta la fecha. Al presunto cabecilla, Antonio López, exviceconsejero de Vivienda y exgerente de la sociedad municipal le piden hasta 26 años de cárcel y una multa millonaria. Otros mediante acuerdos han conseguido rebajar sus acusaciones.

Además de Antonio López se sentarán en el banquillo la exconsejera de Fomento, Susana Román; la de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed; o el ya expolítico de Caballas, un partido localista que ahora tampoco existe, Mohamed Ali. Se les acusa en general de prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide penas que suman 280 años.

En los últimos tiempos, la encausada Susana Román, antes de las elecciones, denunció a la consejera actual de Hacienda, Kissy Chandiramani, por falsedad documental. El asunto quedó archivado, pero la primera presentó un recurso de reforma: «Román pide que las diligencias se mantengan abiertas para la práctica del resto de actuaciones que ha solicitado, entre ellas su declaración testifical, ya que el juez de instrucción “parece estar exigiendo verdaderas pruebas de cargo que solo se alcanzan tras la celebración de un juicio oral y no indicios”.

Al resto de implicados los acusan de prevaricación: años de inhabilitación y cárcel. A Román le piden 11 años de prisión por dos delitos de falsedad documental y organización criminal. A Alí y Rabea Mohamed le piden hasta 5 años por el segundo delito.

la Asamblea de Ceuta aprobó crear una comisión de investigación para esclarecer la veracidad de aquel documento. Era verano de 2015. Al final, tanto Román como otros ex miembros de la Comisión Local de Vivienda acabaron entre los acusados. El Ministerio Fiscal pide para todos ellos 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada. A la primera le solicita, además, 11 años de prisión. Para Rabea Mohamed pueden caerle hasta 5 años de cárcel.

El juicio se prevé largo por el peso penal que conlleva y por la cantidad de personas que tienen que declarar. Será la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, con tres magistrados, entre ellos Fernando Tesón, quienes tengan que fallar sobre este macrojuicio.

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