Este jueves, el Gobierno de Pedro Sánchez enfrentó una nueva derrota en el Congreso de los Diputados, donde se rechazó la senda de déficit que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, había planteado. Este rechazo, que representa el paso inicial para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, fue consecuencia del voto negativo de Junts, que se sumó a PP, Vox y UPN, acumulando un total de 178 votos en contra. En contraste, 164 parlamentarios apoyaron la propuesta y cinco se abstuvieron, incluyendo integrantes de Podemos y la diputada de Compromís, Águeda Micó, quien ahora forma parte del Grupo Mixto.
La oposición de Junts, partido catalán que mantiene una postura de bloqueo frente al Ejecutivo de Sánchez, fue clave para el resultado. De haber optado por la abstención, habría existido una posibilidad real de aprobar la senda de déficit. Sin embargo, el Gobierno no emprendió esfuerzos para conseguir apoyos al último momento, limitando las opciones del presidente Sánchez.
El rechazo se produce en un contexto delicado, ya que el Congreso también sigue de cerca la situación judicial del exministro socialista José Luis Ábalos. Ábalos, quien declaró este jueves ante el Tribunal Supremo en un caso que podría implicar sanciones penales, no pudo participar en la votación, agregando un factor de incertidumbre política.
A pesar del revés, desde el Gobierno se anticipaba que la votación estaba prácticamente perdida desde inicios de semana. El año pasado, tras el rechazo a la senda de déficit, el Ejecutivo desistió de presentar los Presupuestos. En esta ocasión, aunque la derrota representa un contratiempo, Montero ha reiterado su intención de presentar las cuentas para 2026. No obstante, el calendario parlamentario impide hacerlo antes, por lo que el Ejecutivo utilizará durante todo el próximo año los presupuestos de 2023, aprobados en 2022.
Desde Moncloa lamentaron el resultado y advirtieron que el voto en contra perjudica a las comunidades autónomas, que perderán un margen fiscal de 5.485 millones de euros para financiar servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales. El Ejecutivo responsabilizó al PP, acusándolo de priorizar sus intereses políticos por encima del bienestar de las regiones que gobierna.
Si bien la senda de déficit no aprobarse no implica que los Presupuestos queden descartados, esta derrota confirma la dificultad creciente de Sánchez para conseguir una mayoría parlamentaria estable. Sin el apoyo de Junts y enfrentando la constante oposición de PP y Vox, el Gobierno afronta una crisis de gobernabilidad que podría extenderse hasta más allá de 2026, dejando en incertidumbre el panorama económico de España.
