La magistrada que lleva la investigación sobre la gestión del episodio de lluvias conocido como la dana, ha solicitado a la Generalitat Valenciana datos sobre las medidas concretas adoptadas respecto al servicio de teleasistencia para advertir a sus beneficiarios del riesgo inminente.
Esta petición se produjo luego de la difusión de grabaciones que revelaron las llamadas de auxilio realizadas por algunos de los 37 usuarios de teleasistencia que fallecieron en las inundaciones del 29 de octubre de 2024. En estos audios se perciben las solicitudes de ayuda de personas atrapadas y en situación vulnerable, mientras los servicios de emergencias estaban saturados.
La jueza Nuria Ruiz, responsable del caso, ha enfocado la investigación en estos acontecimientos y en la protección de los usuarios de teleasistencia. Desde septiembre, ha recabado colaboración de diversas instituciones, tales como Les Corts, la Vicepresidencia y la Conselleria de Servicios Sociales, además de los ayuntamientos de Valencia y la Diputación Provincial.
Se ha requerido información sobre quiénes eran los usuarios del servicio que fallecieron debido a las riadas, recordando las vidas perdidas en aquella jornada trágica.
Además, la jueza ha solicitado los documentos que detallan los protocolos que debían seguirse para asegurar la seguridad de los usuarios, incluyendo las instrucciones emitidas a la empresa responsable de prestar el servicio y las medidas preventivas que debieron aplicarse los días 28 y 29 de octubre.
También se exigieron las grabaciones de las llamadas de socorro realizadas por los usuarios. Uno de los testimonios más emotivos fue el de una mujer mayor que, mientras su vivienda comenzaba a inundarse, expresó a la operadora: «Estoy muy asustada, me está entrando agua en casa». Estas grabaciones evidencian la situación de urgencia y peligro que vivieron los usuarios durante el suceso.
Los audios muestran cómo los operadores intentaron en múltiples ocasiones comunicarse con el 112 y otras autoridades sin lograr respuesta, lo que plantea dudas acerca de la efectividad de los servicios de emergencia durante la crisis. Ante estos hechos, la jueza investiga si se cumplieron los protocolos establecidos y si se emitieron las alertas necesarias para proteger a las personas más vulnerables.
La jueza ha subrayado la relevancia de esclarecer todas las circunstancias que rodearon la tragedia con el fin de determinar responsabilidades. Diversos organismos están siendo evaluados y se espera que la información solicitada esclarezca las dudas de la sociedad sobre la capacidad de respuesta y alerta en emergencias en la Comunidad Valenciana.
