Este miércoles continúa en el Tribunal Supremo el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en su penúltima sesión antes de que el acusado preste declaración. Los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en el registro de su despacho declararon que no pudieron acceder a la información del teléfono del fiscal debido a que el dispositivo «estaba borrado».
Los tres agentes responsables de los informes sobre la extracción de datos reconstruyeron ciertas comunicaciones utilizando el móvil de la fiscal provincial Pilar Rodríguez, junto con los listados de llamadas y la actividad del correo electrónico Gmail de García Ortiz. Según estos agentes, la noche en que se filtró información vinculado al caso de Alberto González Amador, la supervisión total para obtener los correos correspondía al fiscal general, tal y como corresponde a su función.
Mientras que las acusaciones sostienen que García Ortiz habría recopilado esos correos para filtrarlos, la defensa defiende que su propósito era preparar una nota de prensa. Anteriormente, otros agentes señalaron que la extracción de datos de los dispositivos se realizó de manera íntegra, dado que no era factible efectuarla parcialmente.
Tanto la Fiscalía como la defensa han cuestionado la proporcionalidad del registro, solicitando su anulación. De esta diligencia surgió un informe que atribuye al fiscal general una «participación preeminente» en la filtración bajo investigación. Tras estas exposiciones, llegará el momento en que García Ortiz presente su versión de los hechos.
