Miembros del Ministerio Público critican que la sentencia condenatoria contra el fiscal general humille a la Fiscalía y comprometa su credibilidad institucional.
Diversos fiscales han manifestado su preocupación por la condena de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito relacionado con la revelación de secretos. Según estas fuentes, la decisión judicial representa un serio perjuicio para la imagen de la Fiscalía, afectando su confianza y prestigio a largo plazo.
El clima en la sede de la Fiscalía, ubicada en Fortuny, es de desánimo. Varias voces internas coinciden en que García Ortiz habría debido renunciar al inicio de las investigaciones para evitar que su caso repercutiera negativamente en toda la institución. Además, sectores de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) solicitaron su dimisión meses atrás, alegando que su permanencia dañaba la imagen del Ministerio Público.
Por otro lado, el Consejo Fiscal, compuesto mayoritariamente por magistrados conservadores, también ha manifestado inquietudes. En un comunicado, señaló que permitir que García Ortiz continúe encabezando el órgano tras la condena podría perjudicar de forma permanente la institución y disminuir la confianza ciudadana hacia los fiscales. La sentencia ha generado un debate interno sobre si respaldar al fiscal general o distanciarse para proteger la reputación colectiva.
Algunos fiscales denuncian que desde el inicio del procedimiento se ha generado una campaña para desacreditar su figura, instrumentalizando políticamente el caso para afectar la autonomía de la Fiscalía. Consideran que la condena reforzará esta percepción, incluso entre quienes cuestionan su gestión profesional.
Estas apreciaciones también señalan un inconveniente de fondo: la posición del fiscal general resulta particularmente vulnerable a las presiones políticas. Denuncian la falta de mecanismos internos robustos que salvaguarden a la institución ante procesos judiciales que involucren a su máxima autoridad.
Para varios de estos fiscales, la solución requiere una renovación significativa. No basta con la sustitución de García Ortiz, sino que es imprescindible revisar el procedimiento de designación del fiscal general, fortalecer la independencia del organismo y evitar que se convierta en foco de conflictos partidistas.
