El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados y una multa de 7.200 euros, lo que ha generado un intenso debate político y acelerado el proceso para nombrar a su sucesor. El Ejecutivo ha informado que designará un nuevo fiscal general «en los próximos días», mientras la oposición aumenta sus críticas.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha señalado que esta sentencia supone un punto clave: “establece un antes y un después”. El presidente del PP afirmó que el Supremo sanciona al fiscal por un comportamiento incompatible con el cargo que ocupaba y aclara que “quien debía combatir el delito, fue quien lo cometió”. Feijóo afirmó que la separación de poderes “se ha visto seriamente comprometida” y acusó a García Ortiz de actuar como “un instrumento en la estrategia política del Gobierno” frente al PP.
Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento, Ester Muñoz, fue más allá y solicitó la renuncia del presidente Pedro Sánchez. Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, destacó el impacto internacional de la sentencia: “Los medios internacionales reflejan la decisión judicial. El mundo ahora conoce lo que ocurre en España”, escribió en sus redes sociales.
Desde el Ejecutivo, varios ministros han manifestado su preocupación por la condena, aunque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pedido conservar la confianza en las instituciones: “No debemos desconfiar del sistema judicial por diferencias con esta resolución”.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interpretó la sentencia como un mensaje político: “Ayuso está fuera de toda cuestión”, afirmó.
Mientras el Gobierno se prepara para cambiar al fiscal general, la sentencia mantiene la confrontación política y sitúa nuevamente la relación entre justicia y política en el centro del debate en España.
