Según público.es, el reloj apremia a Alberto Núñez Feijóo. Ante el quinto aniversario de la caducidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el respaldo que ha obtenido el Gobierno de Pedro Sánchez del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sobre la urgencia de renovar el Consejo antes de cambiar el sistema de elección de los vocales, al líder del PP se le tuerce su estrategia de bloqueo, o al menos va a tener muy complicado justificar una nueva negativa para propiciar un acuerdo con el PSOE para la renovación.
De momento, el PP sigue escudado en su estrategia de bloqueo y este mismo jueves ha rechazado la mesa de trabajo ad hoc propuesta por el PSOE para llegar a varios pactos de Estado, como sería la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Pero si algo está empezando a vislumbrarse es la disposición del Gobierno de forzar esa renovación sorteando el papel del PP en la misma. Durante los corrillos en los actos de celebración del aniversario de la Constitución, este miércoles, Sánchez deslizó que estaría dispuesto a valorar el recorte de competencias del CGPJ como forma de propiciar la renovación del órgano, tal y como ha propuesto recientemente el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte.
Guilarte, perteneciente a la cuota del PP dentro del CGPJ, se ha desmarcado del bloque conservador, que apoya los postulados del partido de Feijóo, y ha propuesto recortar las competencias del órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, una función que no puede realizar ahora, ya que la ley le impide hacer nombramientos cuando se encuentra con el mandato caducado. Guilarte considera que su propuesta facilitaría la renovación, convencido de que los partidos perderían interés en el órgano de gobierno de los jueces si este no puede realizar dichos nombramientos.
Según su propuesta, serían los jueces quienes, directamente, sin mediar la intervención del CGPJ, elegirían a sus presidentes en las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia, en un proceso electoral que se asemeja al ya existente en las Salas de Gobierno de los tribunales superiores.
En cuanto a los magistrados del Tribunal Supremo, Guilarte plantea un «proceso objetivado», en el que se conozcan los méritos que se exigen y que cuente con un tribunal, presidido por un vocal del CGPJ e integrado por magistrados de la Sala del Supremo en liza y juristas de distintos ámbitos. Este tribunal tendría una designación aleatoria y rotatoria «para evitar cualquier atisbo de contaminación».
