La Comisión Europea ha introducido un cambio inesperado en su política sobre vehículos al proponer flexibilizar la prohibición completa de coches de combustión prevista para 2035. La iniciativa contempla la posibilidad de que la producción de automóviles de gasolina y diésel continúe en los países de la Unión Europea y que estos puedan venderse fuera del bloque, aunque su comercialización dentro de los Estados miembros estaría restringida. Este planteamiento refleja las primeras dudas claras de Bruselas respecto a los objetivos medioambientales más estrictos.
En este escenario, Teresa Ribera, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, se encuentra en una posición especialmente comprometida. Durante su etapa como Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en España, promovió algunas de las medidas más rigurosas contra los coches de combustión. En 2018 afirmó que “el diésel tiene los días contados” y el año pasado garantizó que la UE no pensaba posponer ni modificar la prohibición fijada para 2035.
El cambio anunciado por Bruselas ha generado discrepancias con el Gobierno español. La ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, manifestó su oposición a retrasar dicha prohibición, mientras que el presidente Pedro Sánchez calificó la propuesta como un “error histórico”. Por otro lado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que el coche eléctrico “ya está presente” y señaló que estudios recientes indican que en 2026 los precios de ambos tipos de vehículos podrían igualarse.
Aunque el ajuste aún no es definitivo, la propuesta supone una modificación relevante de las metas climáticas de la UE. Hasta ahora se planteaba eliminar el 100% de las emisiones de CO2 del sector automotor en 2035; no obstante, la nueva regulación permitiría un margen del 10%, estableciendo un objetivo de reducción del 90%.
Con esta rectificación, Teresa Ribera enfrenta un contexto paradójico: defender en la Comisión Europea decisiones que contradicen algunas de sus iniciativas anteriores y afrontar un revés en las expectativas generadas durante su gestión en la política ambiental española.