Este jueves, el gobierno estadounidense impuso sanciones a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), señalando que pretenden investigar, detener o juzgar a ciudadanos israelíes sin la aprobación de Israel. Esta medida se produjo luego de que los jueces aprobaran, el 15 de diciembre, mantener la resolución de la CPI que rechaza la apelación presentada por Israel.
El secretario de Estado, Marco Rubio, emitió un comunicado expresando que «la CPI continúa con acciones politizadas contra Israel, lo que crea un precedente preocupante para todas las naciones. No permitiremos abusos de poder de la CPI que vulneran la soberanía de Estados Unidos e Israel y que someten injustamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción».
Los responsables israelíes, el primer ministro Binyamín Netanyahu y el ministro de Exteriores Gideon Saar, han valorado positivamente la «postura ética firme» mostrada por Estados Unidos en esta situación.
Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia. Ambos han sido objeto de críticas a raíz de su participación en la indagación sobre posibles crímenes cometidos en Palestina, lo que ha generado una amplia controversia internacional.
La CPI calificó estas sanciones como «un ataque evidente a la independencia» del tribunal y reafirmó su compromiso de continuar su labor con objetividad e imparcialidad, apoyando a su equipo y a las víctimas de crímenes graves. El tribunal subrayó que seguirá ejerciendo su mandato sin interferencias externas.
Esta situación surge en un contexto de tensión, ya que la CPI mantiene vigentes órdenes de arresto contra personas destacadas, incluyendo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, así como contra dirigentes de Hamás, acusados de participar en ataques armados.
La CPI ha confirmado recientemente su competencia para investigar hechos ocurridos después del ataque del grupo Hamás en octubre de 2023, lo que ha suscitado inquietud en Israel y motivado que el gobierno israelí busque apoyo en Estados Unidos para proteger a sus ciudadanos de posibles procesos judiciales internacionales.
Las relaciones entre Estados Unidos e Israel son históricamente estrechas, y esta sanción muestra el respaldo continuo de Washington a Israel, especialmente en asuntos de derechos humanos y justicia internacional. No obstante, este apoyo ha generado controversias, ya que diversos países y organizaciones han denunciado las acciones de la CPI y han pedido respetar la independencia judicial.
David van Weel, ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, país sede tanto de la CPI como de la Corte Internacional de Justicia, rechazó las sanciones contra los jueces y afirmó que «los tribunales internacionales deben poder cumplir sus funciones sin obstáculos». Añadió que su país continuará brindando apoyo a la CPI y a su personal para el desempeño de sus responsabilidades.