El Tribunal Supremo ha decidido no admitir la querella presentada por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Esta demanda se originó tras las declaraciones de Belarra, en las que calificó la gestión del Ejecutivo regional durante la pandemia como «homicida».
La negativa fue establecida en un auto del pasado martes, recientemente hecho público y al que tuvo acceso RTVE. En dicho auto, el alto tribunal fundamenta su decisión en la inadmisión a trámite de la querella promovida en defensa de Ayuso por su representante legal.
La sala penal desestimó la querella por un presunto delito de calumnias vinculado a las afirmaciones que Belarra realizó en marzo de 2025. Durante ese mes, la diputada de Podemos señaló que Ayuso debería enfrentar consecuencias penales por una gestión que ella calificó de homicida, señalando que muchas muertes durante la pandemia habrían sido evitables.
La acusación señalaba que Belarra atribuía directamente a Ayuso la responsabilidad por la pérdida de múltiples vidas, causando un notable impacto mediático. Hasta entonces, esto había sido considerado como un posible delito de calumnias.
No obstante, el Tribunal Supremo concluye que las expresiones de Belarra están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Este derecho protege no solo manifestaciones comunes, sino también críticas severas dentro del marco del debate político en una sociedad democrática, descartando la tipificación penal de los hechos alegados en la querella.
El tribunal resaltó la importancia de preservar la libertad de expresión, destacando que las opiniones formuladas en el ámbito político reflejan el interés y la convicción del emisor, en este caso, Ione Belarra.
Además, fuera del ámbito de la libertad de expresión, Belarra cuenta con la protección que brinda la inviolabilidad de opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Esta prerrogativa es habitual en diversos países y resulta esencial para el correcto funcionamiento de los órganos legislativos.
Este pronunciamiento del Tribunal Supremo establece un precedente referente a los límites de la crítica política en tiempos de crisis, reafirmando la relevancia del debate político democrático y la importancia de garantizar la libertad de expresión como fundamento de la actividad institucional.
