El Tribunal de Cuentas ha puesto al descubierto un grave descontrol en la adquisición de medicamentos en los hospitales públicos de Ceuta y Melilla, gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. Según un informe de fiscalización fechado el 27 de noviembre, ambos centros realizaron compras directas y reiteradas de productos farmacéuticos por un importe total de 26,9 millones de euros entre 2022 y 2023, al margen de los procedimientos legales exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público.
El 91% de los fármacos en Melilla y casi la mitad en Ceuta se compraron sin concurso
El estudio revela que, durante el periodo analizado, los hospitales recurrieron en gran medida a los llamados “pedidos mensuales”: adquisiciones directas a proveedores sin licitación previa. En el Hospital Comarcal de Melilla, el 91% del gasto farmacéutico se realizó mediante este sistema, mientras que en el Hospital Universitario de Ceuta alcanzó el 49%.
Estas compras se hicieron sin procedimiento de adjudicación, es decir, sin publicidad, sin concurrencia y sin transparencia. El gasto total asciende a 18,6 millones de euros en Melilla y 8,3 millones en Ceuta.
Contratos fraccionados y ausencia de controles
El Tribunal subraya que la mayor parte de estas operaciones se efectuaron cuando José Manuel Miñones (PSOE) era ministro de Sanidad, antes de la llegada de Mónica García (Sumar) al frente del departamento en noviembre de 2023. Durante ese tiempo, los hospitales no emplearon los procesos reglados para adjudicar contratos, incumpliendo los principios de la ley: publicidad, igualdad, transparencia y no discriminación.
El informe detalla que los centros compraron a 269 empresas diferentes, adquiriendo un total de 2.233 productos. Aunque algunos medicamentos son exclusivos, el Tribunal indica que otros muchos cuentan con múltiples marcas comerciales y precios competitivos, lo que obligaría a organizar concursos basados en criterios de coste-eficacia.
También se señala la existencia de contratos fraccionados para eludir los límites legales de los contratos menores. Solo en Melilla, 5.339 pedidos correspondientes a 257 artículos superaron los 15.000 euros tras dividirse en múltiples encargos, vulnerando así la normativa.
Advertencias previas ignoradas
El descontrol señalado por el Tribunal de Cuentas no es nuevo. Un informe previo de la Intervención General de la Seguridad Social ya detectó en 2021 que el 56% del gasto en la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla carecía de contrato y se realizaba mediante compras directas.
La institución alerta de que la falta de planificación ha generado un patrón de “pedidos reiterados” tramitados sin garantías legales. La rotación mensual de muchos productos evidencia, según el órgano fiscalizador, la ausencia de un control adecuado sobre un gasto de enorme relevancia para los presupuestos de ambos hospitales.
Recomendación: poner fin a las compras directas
En sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas exige “eliminar la práctica de las compras directas” y aplicar estrictamente los procedimientos que marca la ley. Además, reclama mayor supervisión, control y análisis en la gestión de las farmacias hospitalarias para garantizar eficiencia, transparencia y concurrencia en la adjudicación de contratos.
