El Tribunal Supremo ha impuesto una inhabilitación de dos años al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La condena se debe a la filtración del correo electrónico del abogado del empresario Alberto González Amador y a la difusión de una nota informativa de la Fiscalía. Además, García Ortiz deberá abonar una multa de 7.200 euros y compensar con 10.000 euros al empresario, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.
La sentencia, publicada este martes, confirma la resolución emitida el 20 de noviembre, aunque hasta ahora el tribunal había postergado la exposición detallada de sus fundamentos. La resolución también incluye un voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes defendían la absolución del fiscal general. Tras conocer el fallo, García Ortiz presentó su renuncia el 24 de noviembre.
Esta decisión del Supremo es definitiva y solo podría ser recurrida mediante un recurso extraordinario de nulidad, con pocas probabilidades de éxito. La alternativa restante para García Ortiz sería solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional.
Durante el juicio, que tuvo lugar entre el 3 y el 13 de noviembre, testificaron 40 personas, entre ellas González Amador, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Miguel Ángel Rodríguez, antiguos altos cargos de Moncloa y periodistas de diversos medios. Algunos testigos señalaron que conocían que González Amador había aceptado sus delitos para alcanzar un acuerdo de conformidad antes de que García Ortiz recibiera el correo. Tres testigos confirmaron haber accedido al correo, aunque se ampararon en el secreto profesional para no revelar sus fuentes.
Las acusaciones pusieron en duda la fiabilidad de ciertos testimonios, alegando posibles conflictos de interés que podrían haber motivado la protección de las fuentes. La pena determinada por el Supremo es inferior a la solicitada por las acusaciones, que pedían hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación.
