El Tribunal Supremo (TS) ha impuesto una sanción al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía delitos fiscales. No obstante, la resolución judicial incorpora un matiz importante que contradice la estrategia de victimización del empresario. Aunque se reconoce la divulgación indebida, el Tribunal sostiene que los hechos ya eran de conocimiento público y que la filtración no ha agravado significativamente la afectación a su imagen. La cantidad indemnizatoria inicialmente solicitada, 300.000 euros, ha sido reducida a 10.000 euros.
Condena al fiscal y evaluación del perjuicio
La sentencia del Tribunal Supremo, aunque responsabiliza a Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión, realiza una valoración mesurada del daño causado a González Amador, empresario vinculado a la firma Maxwell Cremona, investigado por un fraude fiscal de 350.000 euros mediante facturas falsas.
Los aspectos principales de la resolución judicial son:
- Información ya pública: Los jueces recalcan que, pese a que el correo no debía haber sido divulgado, su contenido no constituye un secreto, dado que lo relacionado con el empresario era público según diversas informaciones previas.
- Impacto limitado: El Tribunal Supremo rechaza la afirmación de González Amador de que la filtración le impide evitar una condena por fraude fiscal, calificando esta postura de «exagerada». No se atribuye a la revelación el conjunto de las consecuencias legales que enfrenta.
- Indemnización reducida: Se considera excesiva la solicitud de una indemnización por 300.000 euros, y se fija en 10.000 euros para la reparación del daño, cifra que está muy por debajo de la fianza inicial que estableció el juez Ángel Hurtado.
Desestima el discurso de victimización
La sentencia, que termina con la carrera profesional de García Ortiz, también rechaza la narrativa de victimización de González Amador. El empresario declaró ante el tribunal que la filtración había destrozado su vida y que se encontraba ante la disyuntiva de abandonar España o suicidarse.
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, interrumpió su declaración para indicarle: «No le aconsejo ninguna de las dos opciones». Los magistrados estiman que las declaraciones de González Amador son desproporcionadas.
Rechazo de otras demandas sobre honor
De manera simultánea al procedimiento penal, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo rechazó las demandas por vulneración del honor que González Amador interpuso contra varias figuras políticas y periodistas.
En particular, se confirmó la negativa al recurso presentado contra la ministra María Jesús Montero, a quien solicitaba 40.000 euros. El tribunal consideró que la destinataria de sus palabras es una persona pública y que las expresiones, aunque directas e incisivas, se enmarcan en la crítica política legítima. Además, reconoció que se fundamentan en hechos comprobados: que González Amador es un defraudador confeso.