El Senado de Brasil aprobó un proyecto legislativo que propone disminuir las condenas contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de prisión por su implicación en la conspiración golpista posterior a las elecciones de 2022.
Dicha iniciativa, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados la semana pasada, fue respaldada en el Senado con 48 votos a favor y 25 en contra. Ahora, el proyecto será remitido para la firma del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El trámite comenzó en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, donde tuvo un apoyo mayoritario de 17 votos a favor y siete en contra. Posteriormente, la propuesta se presentó al pleno de la Cámara alta para su votación definitiva.
Bolsonaro, sentenciado en septiembre por la Corte Suprema por intento de golpe de Estado, podría salir del régimen cerrado en poco más de dos años. Tras ese periodo, cumpliría una semi-libertad, debiendo pasar las noches en prisión y los fines de semana recluido, según lo establezca la Justicia.
Algunos legisladores críticos señalaron que el proyecto podría afectar sentencias ya dictadas por la Corte Suprema e incluso favorecer a otros condenados por delitos graves. Sin embargo, durante el debate se incorporó una enmienda que limita los beneficiarios a quienes hayan participado específicamente en actos golpistas tras las elecciones.
Por su parte, el presidente Lula da Silva ha expresado su disposición a vetar la ley si llega a su despacho, argumentando que Bolsonaro debe responder por su intento de desestabilizar la democracia brasileña. Así, ha dejado claro que tomará una decisión firme al respecto.
En caso de que Lula imponga el veto, el Congreso Nacional podrá revocarlo, permitiendo que la ley entre en vigor sin la firma presidencial, un aspecto crucial en el contexto político polarizado actual.
El nuevo proyecto establece que no se acumularán las penas por dos delitos que se le atribuyen a Bolsonaro: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado. Solo se aplicará la sanción más grave, correspondiente a este último delito, con un límite máximo de doce años de prisión.
El Tribunal Supremo de Brasil ha comenzado a imponer condenas estrictas a otros implicados en la conspiración golpista. Recientemente, se dictaron penas de entre ocho y 26 años de cárcel para varios principales protagonistas, incluyendo a un general retirado del Ejército y a altos cargos de seguridad.
Estos hechos reflejan una disputa significativa en la política brasileña, donde el camino hacia la justicia y la consolidación democrática sigue lleno de desafíos e incertidumbres. El desarrollo de la legislación sobre las penas de Bolsonaro y la respuesta del presidente Lula serán aspectos clave a seguir en este proceso.