Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, calificó de “histórica” la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y resaltó que esta decisión judicial confirma que en España “la justicia funciona y es igual para todos”. En una entrevista para Telecinco, Gamarra enfatizó que la sentencia representa un precedente sin igual al establecer que un alto cargo del Ministerio Público puede ser judicialmente responsable por vulnerar derechos ciudadanos.
“Esta resolución es relevante porque condena a un fiscal general del Estado por actuar en su cargo en detrimento de los derechos de un ciudadano. Esto evidencia que la justicia en España opera con igualdad y que nadie está por encima de la ley”, afirmó la dirigente del PP.
Además, Gamarra solicitó la renuncia inmediata del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones generales. Destacó que la respuesta del Ejecutivo ante la sentencia ha sido “preocupante”, considerándola una señal de presión sobre los órganos judiciales. “Son declaraciones muy serias que provienen del propio Gobierno y que apuntan a coartar y condicionar a la justicia. En lugar de respetarla, la están cuestionando”, señaló.
El Partido Popular interpretó el fallo como un llamado a fortalecer la independencia judicial frente a posibles influencias políticas y recordó que es fundamental que todos los cargos públicos se sometan a las mismas normas legales sin excepciones. También señaló que la condena podría impulsar un debate sobre la responsabilidad de los altos funcionarios y el control de sus acciones dentro del sistema judicial.
Analistas políticos indicaron que la condena al fiscal general es un acontecimiento poco habitual en la historia reciente de España, dado que rara vez se sanciona judicialmente a funcionarios de alto rango con funciones de supervisión sobre la legalidad de procedimientos penales y administrativos.
Por el momento, el Gobierno no ha emitido un comunicado oficial sobre la sentencia, aunque algunos miembros del Ejecutivo han expresado públicamente su desacuerdo, generando la controversia mencionada por Gamarra y otros portavoces del PP. En cualquier caso, la sentencia se interpreta como un recordatorio de que la justicia mantiene mecanismos de control incluso sobre los cargos más relevantes del Estado.
