El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha presentado una moción en el Senado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusa de «incompetencia» y de haber convertido el Ministerio en una herramienta con fines partidistas. Esta propuesta, que se discutirá la próxima semana, destaca especialmente la huelga médica y la administración del Estatuto Marco de Sanidad, que ha sido rechazado por todos los colectivos profesionales sanitarios.
La ofensiva del Partido Popular se desarrollará en el Pleno del Senado que tendrá lugar el martes 16 de diciembre. La moción, registrada por el GPP, reclama la reprobación de Mónica García por una gestión caracterizada por el «desprecio total» hacia los profesionales del sector sanitario y una «falta de diálogo» que ha impedido cualquier avance en las negociaciones.
Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, indicó que la principal preocupación radica en la paralización del proceso del Estatuto Marco de Sanidad, que refleja la «rigidez y ausencia de diálogo» del Ministerio.
Rechazo generalizado al proyecto del estatuto
El PP destaca que el proyecto del Estatuto Marco ha recibido un rechazo constante por parte de los representantes de los profesionales implicados en la negociación. Las críticas se concentran en aspectos esenciales que el Ejecutivo no ha atendido:
- La clasificación de los grupos profesionales.
- Las jornadas de guardia.
- El régimen de incompatibilidades.
- La jubilación voluntaria.
- Las mejoras en las retribuciones.
La portavoz subraya que esta situación ha provocado un conflicto directo con los profesionales, aumentando su descontento y generando un impacto negativo en la atención sanitaria durante los paros del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Las comunidades autónomas piden comenzar «de cero»
La moción también refleja la postura de la mayoría de las comunidades autónomas, responsables de aplicar el marco normativo. Estas han solicitado al Gobierno la retirada inmediata del actual proyecto y reclaman iniciar una reforma del Estatuto Marco desde cero, con un verdadero consenso y diálogo.
Las autonomías han requerido memorias técnicas, jurídicas y económicas que justifiquen cada modificación de la “Ley 55/2003” y enfatizan la necesidad de una financiación adecuada y realista en función de las demandas planteadas por los profesionales.
Alicia García advierte que si el Ministerio rechaza las propuestas de las comunidades, se agravará la crisis y la tensión existente con el sector sanitario.
