El Partido Popular ha manifestado su disposición a respaldar el aumento de los salarios de los funcionarios y de las pensiones, siempre que el Ejecutivo no integre estas medidas con otras iniciativas legislativas o económicas. Desde Génova, indican que buscan que estas subidas se transfieran directamente a los beneficiarios, evitando que se vean afectadas por reformas fiscales, recortes u otras políticas que puedan reducir su efectividad.
Esta postura del PP se produce en un escenario de alta tensión política, caracterizado por enfrentamientos constantes entre el Gobierno y la oposición en torno a la dirección económica y la viabilidad de las finanzas públicas. Los populares insisten en que su apoyo dependerá de la claridad en la presentación de las medidas y de que los destinatarios —funcionarios y pensionistas— perciban un beneficio real en sus ingresos.
Además, desde Génova consideran también la posibilidad de avalar el decreto que permitirá a los ayuntamientos flexibilizar la regla de gasto, siempre que los fondos se dediquen exclusivamente a inversiones en vivienda. Esta iniciativa busca otorgar a los consistorios mayor capacidad financiera para afrontar la escasez de viviendas y mejorar el parque público, un asunto que ha ganado relevancia recientemente debido al incremento de los precios y la falta de ofertas asequibles.
Expertos en economía política señalan que la posición del PP intenta fortalecer su imagen como defensor de trabajadores y pensionistas, condicionando su apoyo a decisiones específicas que generen un impacto social palpable. Esta postura también ejerce presión sobre el Gobierno para que distinga claramente las subidas de salarios y pensiones de otras medidas económicas que podrían resultar controvertidas.
Por otro lado, analistas señalan que la negociación en torno a la regla de gasto municipal podría transformarse en un punto esencial de consenso, dado que aporta beneficios concretos para la población sin comprometer significativamente las cuentas estatales. Sin embargo, alertan de que la definición de “inversión en vivienda” podría ser objeto de discusiones entre el Ejecutivo central y los ayuntamientos.
Con esta estrategia, el PP procura posicionarse como un actor moderador en medio de las tensiones políticas, manteniendo la presión sobre el Gobierno pero abriendo la posibilidad a acuerdos concretos que impacten directamente en la vida de los ciudadanos.
