El Senado da luz verde a una propuesta que modifica el Código Penal para que interrumpir suministros en viviendas ocupadas sin autorización no se considere coacciones.
El Partido Popular ha conseguido en el Senado la aprobación de una iniciativa que plantea cambios en el Código Penal, autorizando a los propietarios a suspender servicios básicos como luz, agua o gas en inmuebles ocupados ilegalmente, sin que esta acción se tipifique como delito. Esta propuesta, apoyada por partidos afines, ha abierto un debate acerca del equilibrio entre la defensa de derechos de los ocupantes y la protección de los dueños.
La reforma busca precisar que el corte de suministros en una «finca ocupada ilegalmente» no constituirá coacciones, con el fin de clarificar la legislación y evitar que los propietarios enfrenten consecuencias penales al tomar medidas en sus propiedades. El PP sostiene que la normativa vigente genera incertidumbre jurídica y obliga a los titulares a asumir responsabilidades inapropiadas ante ocupaciones.
Con la modificación, se intenta establecer un marco legal homogéneo en todo el territorio nacional para resguardar a los propietarios frente a la ocupación ilícita, permitiéndoles actuar sin miedo a sanciones por interrumpir suministros esenciales.
El siguiente paso consiste en el debate y posible aprobación en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa refleja la intención del PP de reforzar las herramientas legales para combatir la ocupación ilegal y facilitar a los propietarios la recuperación de sus inmuebles.
