Angel Jimenez Robles
Ceuta se ha convertido en la ciudad española que, en proporción a su población y presupuesto, más contratos menores formaliza cada año. Una realidad que, lejos de ser una mera cuestión administrativa, ha despertado serias dudas sobre la legalidad y la transparencia de la gestión pública en la Ciudad Autónoma.
Diversos informes apuntan a que una parte significativa de estos contratos menores podrían responder a un fraccionamiento encubierto de contratos mayores, una práctica expresamente prohibida por la ley al tener como objetivo eludir los mecanismos de fiscalización, concurrencia pública y control económico. De confirmarse, estaríamos ante un uso sistemático de una figura excepcional para evitar controles y garantizar adjudicaciones discrecionales.
El problema no se limita únicamente al volumen de contratos, sino al nulo o escaso control interno y a la presunta complicidad de determinados funcionarios en empresas municipales y consejerías, lo que ha generado un clima de impunidad administrativa difícilmente justificable. La reiteración de adjudicaciones a las mismas empresas y la ausencia de explicaciones públicas refuerzan la sensación de opacidad.
Especialmente llamativo resulta el silencio de la oposición, encabezada por el PSOE y secundada por el resto de partidos y organizaciones sindicales, que apenas han ejercido labor de fiscalización ni han exigido responsabilidades políticas. Una excepción notable es VOX, formación que denuncia de forma reiterada lo que considera una red de “chiringuitos” sostenidos por el Gobierno de Juan Vivas, aunque sus advertencias parecen caer en saco roto.
Según estas denuncias, el Ejecutivo local habría construido un entramado de prebendas y subvenciones que garantiza la complacencia de partidos de la oposición, sindicatos y medios de comunicación. En el ámbito local, se señala especialmente al Grupo Faro, mientras que a nivel nacional se apunta a El Español, como beneficiarios de una estrategia de financiación mediática sostenida con fondos públicos.
Todo ello contaría, además, con el beneplácito del Partido Popular a nivel nacional, que mantendría su respaldo al presidente Juan Vivas debido a su capacidad para asegurar escaños en el Congreso y el Senado por Ceuta. Una estrategia política que permitiría al líder ceutí mantener un modelo de gestión diferenciado, priorizando la estabilidad electoral sobre la transparencia y el control del gasto público.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste con creciente preocupación a una situación que erosiona la confianza en las instituciones y plantea una pregunta clave: ¿hasta cuándo seguirá normalizándose una práctica que, de confirmarse, vulnera los principios básicos de legalidad, transparencia y buen gobierno?
