El Gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado que procederá próximamente al nombramiento de un nuevo Fiscal General del Estado, tras la condena dictada por el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz. El actual jefe del Ministerio Público fue sancionado con dos años de inhabilitación debido a la filtración de un correo con fines políticos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo señaló que el proceso para designar al nuevo fiscal será «próximo» y enfatizó que el elegido «contará con un alto reconocimiento profesional en el campo jurídico». Fuentes próximas a La Moncloa indicaron que, aunque el Gobierno «acata la sentencia», no comparte plenamente la decisión del Tribunal Supremo, la cual incluye dos votos particulares discrepantes que reflejan diferencias internas en la Sala de lo Penal.
Valoración del trabajo de García Ortiz
El Gobierno ha reconocido la gestión de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía, subrayando su compromiso con la defensa de la ley y la transparencia. A pesar de la sanción, se ha destacado su contribución durante periodos difíciles en la institución.
Opiniones de los ministros
Tras conocerse la sentencia, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, fue el primero en comentar. Sin embargo, prefirió ser cauteloso cuando se le preguntó sobre la condena, afirmando que consideraba oportuno revisar detalladamente la sentencia antes de emitir juicio.
Mientras tanto, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se pronunció sobre el asunto antes de que se conociera la resolución, manifestando que cualquier decisión relacionada con el fiscal sería «justa». Bolaños, conocido por sus intervenciones previas, evitó emitir juicio en ese momento y reiteró su pleno respeto hacia el trabajo de los magistrados del Supremo.
Aspectos de la sentencia
El Tribunal Supremo ha impuesto además a García Ortiz una indemnización de 10.000 euros a favor de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, por los daños morales derivados de la filtración. También se le ha impuesto una multa de 7.300 euros y la obligación de cubrir las costas judiciales, incluidas las correspondientes a la acusación particular. Aunque la sentencia está aún en fase de redacción, su aplicación será efectiva tras su notificación oficial.
La acusación particular solicitó penas que oscilaban entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación. En cambio, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado abogaron por la absolución de García Ortiz, argumentando la inexistencia de delito. Asimismo, el Ministerio Público defendió que la filtración vulneraba derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
